Economía Moral
Hacienda quiere más poder
La reforma de Carstens otorga a la SHCP el dominio de la evaluación
Luis Maira, ex embajador de Chile en México, solía decir que en América Latina deberíamos votar por los secretarios de Hacienda, quienes una vez electos designarían al presidente de la República, expresando con ello quiénes son los verdaderos jefes de gobierno. José López Portillo dijo que decidió crear la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), dividiendo el poder enorme de la SHCP "porque quiero ser yo el que gobierne". Sabía de lo que hablaba: el dedazo lo ungió candidato a la presidencia siendo Secretario de Hacienda. Salinas de Gortari desapareció la SPP y devolvió a Hacienda todo su poder.
En el paquete fiscal enviado por Agustín Carstens al Legislativo se incluyen cambios en materia de evaluación gubernamental que buscan aumentar, mucho más, el poder de la SHCP. En el paquete de iniciativas de Carstens se sustituye el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), creado en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), por un Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas (CNEPP).
Carstens argumenta que "la reforma fiscal no se orienta únicamente a aumentar la recaudación para dotar de mayores recursos al gobierno para que pueda destinar mayores recursos a los programas públicos", sino a "garantizar a los ciudadanos que los recursos serán destinados a los fines para los cuales han sido recaudados". (¿Cuáles serán éstos? ¿Las vaguedades del Plan Nacional de Desarrollo?); "que se gasten de la manera más eficiente y se logren resultados tangibles para la población" (incluidos los banqueros y similares), "así como (para) que se rinda cuentas a los propios habitantes sobre la aplicación de dichos recursos". Es decir, se trata de "establecer un presupuesto con enfoque en el logro de resultados; que los órganos públicos fijen los objetivos que se lograrán con los presupuestos, y el grado de cumplimiento de dichos objetivos sea efectivamente verificado, con base en indicadores y metas específicas". Ello trae como consecuencia que "la información sobre el desempeño de las políticas y los programas públicos se considerará para retroalimentar el proceso presupuestario para el siguiente ejercicio".
Un viejo sueño neoliberal ha sido eliminar programas que no corresponden con su enfoque, que sólo justifica el gasto público social si está focalizado (dirigido sólo a) pobres extremos. Con estos cambios legales se acerca la realización del sueño. Instituciones o programas como Fonart, Diconsa o Liconsa, que en sus reglas de operación son forzados a declarar que están focalizados a la pobreza extrema porque en el ilegal Reglamento de la LGDS (en Controversia Constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados desde hace 14 meses) se establece esa obligación, al ser evaluados con base en los propios objetivos declarados podrán ser cerrados porque no cumplen con ellos. Aún más grave que el canibalismo que puede desatar la SHCP dentro de la administración pública federal es el que puede soltar contra gobiernos de entidades federativas (incluido el Distrito Federal) y de municipios. En efecto, en el paquete de reformas se incluye la modificación del artículo 134 de la Constitución para que los programas realizados con fondos federales sean incluidos en el sistema de evaluación del gobierno federal (dirigido por la SHCP, aunque la cara más visible será el CNEPP). Esto se traduce en reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para "hacer extensiva la evaluación de los resultados a la aplicación de los recursos públicos federales que son transferidos a los órdenes de gobierno locales para su ejercicio".
Con la LGDS se había avanzado en materia de institucionalidad para la evaluación del desarrollo social más allá de la precariedad o inexistencia de la materia en el resto de la administración pública. ¿No debería por ello darse la bienvenida a la ampliación de tareas del Coneval para que incluya todas las actividades que reciban financiamiento de recursos federales?
En 2006 propuse que la plataforma electoral del PRD incluyese la creación del Instituto Nacional de Evaluación del Desarrollo (INED), que evaluaría el conjunto de la administración pública federal. ¿No debería, por tanto, regocijarme que Carstens retome la idea? No, porque a pesar de las apariencias, se trata de ideas radicalmente opuestas. Al INED lo concebí como arma central en la lucha contra la subordinación de lo social a lo económico; como organismo constitucional autónomo cuya contraparte sería el Gabinete de Desarrollo Social, mecanismo colectivo que definiría el presupuesto federal social restando enorme poder a Hacienda.
El poder de la SHCP -que las reformas diseñadas por Carstens elevan al máximo- es el símbolo de la subordinación de lo social (y de lo político) a lo económico. El diseño del CNEPP, que dependerá de la SHCP, supone un retroceso grave en términos de autonomía respecto al Coneval diseñado en la LGDS. Tendrá la función de reforzar el poder de Hacienda, lo que es exactamente opuesto de lo que perseguía la propuesta del INED: un mayor equilibrio de fuerzas entre lo económico y lo social.
Además, las reformas asociadas a la evaluación serían sólo la legalización, si se aprobaran, de lo ya realizado por la SHCP, la Secretaría de la Función Pública y el Coneval al emitir los "Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal" (Diario Oficial, 30 de marzo) y el programa Anual de Evaluación 2007 (30 de abril). Aplicación radical del "principio" que sostiene que la ley es sólo la legitimación de lo existente.