Ex director de Pemex deberá resarcir $1,400 millones

Muñoz Leos tendrá que ir a la cárcel: diputados

Aún pendientes, conclusiones de la Cuenta Pública 2005

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MENDEZ

La Comisión de Vigilancia cuestionó ayer que el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, no haya entregado el informe sobre qué entidades del gobierno federal solventaron las observaciones del ejercicio de la Cuenta Pública 2005, y determinó que en el gobierno de Vicente Fox se mantuvieron "prácticas recurrentes de irregularidades en la aplicación de los recursos federales".

El presidente de la comisión, Antonio Ortega Martínez, informó que hasta ahora González de Aragón no ha entregado el reporte sobre las respuestas que presentaron las entidades públicas auditadas, pero acotó que la ASF prepara una demanda para que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos devuelva los mil 400 millones de pesos que en su gestión se le entregaron al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

"Por lo que sabemos, la sanción para Muñoz Leos será el fincamiento de la responsabilidad penal. No tenemos ninguna duda de que en estos casos graves no hay que actuar con tibieza. El ex director de Pemex, con toda seguridad, tendrá que ir a la cárcel", declaró.

Sin embargo, los diputados cuestionaron que González de Aragón mantenga congelada la información sobre las dependencias que no solventaron las observaciones, sobre todo porque éstas habrían generado un probable daño a la hacienda pública de 26 mil 342 millones de pesos. Las entidades públicas tenían hasta el 31 de mayo pasado para responder, y 28 días después la ASF mantiene ocultos esos resultados.

Además, González de Aragón plantó por segunda semana consecutiva a los integrantes de la Comisión de Vigilancia. El argumento para no presentarse a la reunión en la que se concluyó el análisis de la Cuenta Pública del quinto año de gobierno de Vicente Fox fue que se encontraba en Portugal, donde participará en la reunión de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Como parte del control que la comisión ejerce sobre el órgano fiscalizador -por segundo año consecutivo- se requirió al auditor que "pida a las entidades fiscalizadas le informen si el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos SC les practicó una revisión o auditoría; en caso de ser afirmativo, deberá informar a esta comisión para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo más conveniente".

Consultado al respecto, Ortega Martínez afirmó que el objetivo de esta medida es asegurarse de que el despacho que encabezó el auditor -que ahora controlan sus familiares- no ha tenido relación profesional con cualquier área del gobierno y evitar así cualquier conflicto de intereses entre esa actividad privada y la revisión a la aplicación del presupuesto público.

"Queremos dar la absoluta seguridad a la Cámara y a la sociedad de que la auditoría no tiene otro interés al que deba responder que al del Congreso", dijo.

Irregularidades de Fox

Respecto de las conclusiones de la Cuenta Pública 2005, la Comisión de Vigilancia refirió que desde el segundo año de gobierno de Vicente Fox fueron recurrentes las irregularidades en el manejo del gasto público en obras y acciones que no beneficiaron a zonas o grupos en rezago social. A esto se agrega la adjudicación de contratos ilegales, obras pagadas no ejecutadas, falta de documentación comprobatoria, pago de estímulos y bonos no reglamentados o autorizados.

La comisión también informó que la ASF realizará una serie de auditorías especiales al último año de gobierno de Vicente Fox. Los diputados solicitaron específicamente que se investiguen los gastos de comunicación social ejercidos por la Presidencia y el desempeño del Sistema de Administración Tributaria en relación con las concesiones a empresas privadas del trámite aduanero.

Asimismo exige una auditoría de desempeño al Banco de México, así como al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y revisar la rentabilidad y productividad del financiamiento de obras en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad que se financiaron con Pidiregas.