Economía Moral
Temor a la verdad
PAN y PRI rechazan un sistema estadístico realmente autónomo
Que los ciudadanos conozcamos la verdad sobre lo que ocurre en el país depende, entre otros factores, de:
1) La libertad de prensa y la pluralidad y multiplicidad de los medios (que no haya monopolios o duopolios), terreno en el que (casi) no podíamos estar peor a pesar del reciente golpe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley Televisa: la inmensa mayoría de los habitantes o no se enteran de lo que pasa en el país o sólo se enteran de lo que Televisa y Tv Azteca les quieren informar de manera casi siempre tendenciosa.
2) Elecciones en las que todos los votos sean libremente ejercidos sin coacciones, engaños ni promoción del miedo, y todos cuenten y cuenten igual (lo que creímos, vaya ilusos, ganado antes del 2 de julio del 2006).
3) La efectividad del derecho a solicitar y recibir información gubernamental, en lo cual ha habido avances con el IFAI, pero donde es cada vez más manifiesta la voluntad gubernamental de clasificar la información como reservada.
4) Que el control del quehacer gubernamental y del ejercicio del gasto público que ejerce la Cámara de Diputados (CdeD) a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) funcione bien, materia en la cual lo más preocupante es que cuando la ASF detecta posibles delitos no pasa nada, dado que la facultad persecutoria está en manos del procurador al servicio del jefe del Ejecutivo.
5) De la evaluación de las políticas y programas gubernamentales, terreno en el cual el país está en pañales y donde no parecemos capaces de ir más allá de las auto-evaluaciones que naturalmente carecen de toda credibilidad.
6) De un sistema de información estadística autónomo, en el cual sus productores tengan la independencia para que su trabajo se guíe sólo por criterios de objetividad, sin importar "si al jefe le van a gustar o no los resultados", y cuenten con la autonomía presupuestaria para llevar a cabo las tareas requeridas. En este terreno no podríamos estar peor: el presidente del INEGI es nombrado (y removido) por el Presidente de la República; los responsables de las unidades estadísticas en los sectores son nombrados (y removidos) por los respectivos secretarios. Como todos quieren conservar su chamba toman muy en serio "si al jefe le van a gustar o no los resultados", afectando seriamente la credibilidad de las estadísticas. Además, tanto el INEGI como las demás unidades productoras dependen de la voluntad de hacienda (y del jefe directo) de otorgarle recursos. Por ello, una demanda nacional por más de 20 años ha sido la autonomía del INEGI. La reforma constitucional que la instituye finalmente se alcanzó en el 2006.
7) Tareas de investigación del ministerio público (que carecen de independencia por el miedo a perder la chamba).
8) Las tareas de investigación académica, que se realizan con mucha más autonomía dada la estabilidad del empleo, pero donde a veces se puede minar la independencia vía la zanahoria del recurso adicional.
En la CdeD los grupos parlamentarios del PAN y del PRI tienen prisa para aprobar, sin revisar ni una coma, y sin mayor discusión previa, la Minuta del Senado (MS) que contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se trata justamente de la ley reglamentaria de la reforma constitucional que añadió un apartado B al artículo 26 constitucional otorgando la autonomía al INEGI. Pero la MS en vez de consolidar dicha autonomía la cancela, como argumenté en Economía Moral (27/04/07) al aprobarse en el Senado (con el voto en contra del PRD) el dictamen de la iniciativa elaborada por Gilberto Calvillo Vives, presidente del INEGI (seguramente con el aval de Hacienda) y que presentaron seis senadores. Por la prisa están dispuestos a ignorar la (otra) iniciativa que elaboré (iniciativa Boltvinik) y que fue turnada, desde hace casi un año, a la Comisión de Gobernación de la CdeD.
La MS no contribuye a que conozcamos la verdad sobre México porque: 1) La autonomía normativa del INEGI se ve cancelada al subordinarse en materia de índices nacionales de precios al Banco de México (BdeM); mantiene la elaboración de la balanza de pagos en manos de éste (que seguiría siendo juez y parte); y le otorga a las instancias de tipo sectorial facultades de decisión que minan las del INEGI.
2) Se cancela la autonomía presupuestaria del INEGI ya que la MS le da trato de entidad paraestatal, con lo cual bastará con no darle recursos suficientes para silenciar la verdad, como ocurrió por más de 20 años en materia de censo agropecuario; además no se conforma un presupuesto integrado del sistema estadístico, manteniéndose la atomización presupuestaria vigente.
3) No se avanza en lo más mínimo hacia el funcionamiento real del sistema y mucho menos hacia su autonomía: las unidades productoras de estadística siguen dependiendo del secretario respectivo en todos los aspectos ante un INEGI débil.
4) La MS deja a las entidades federativas (EF) sin ninguna facultad y casi sin presencia (no pueden tener sus propias leyes ni sus propios institutos locales de estadística): nada podrán hacer ante las 'verdades oficiales' sobre su entidad.
5) La MS está formulada desde la perspectiva burocrática: sólo es información de interés nacional (y por tanto materia del sistema) si es necesaria para la formulación de las políticas públicas, convirtiendo a la burocracia en el único usuario de la información: es decir, los ciudadanos no tenemos derecho a saber lo que ocurre en el país, sólo la burocracia.
6) Deja a los miembros de la junta de gobierno del INEGI en la indefensión y, por tanto, les infunde el temor de la remoción limitando su autonomía, ya que basta la voluntad de tres miembros de ella y del Presidente de la República para remover a uno de sus integrantes. Mecanismo de purga para eliminar a miembros incómodos, sin acatarse las normas del debido proceso.