Las pesquisas incluirán el periodo comprendido entre mayo de 2006 y enero de este año

En Oaxaca se investigarán acciones de los tres niveles de gobierno: SCJN

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó ayer que la comisión especial que conocerá los hechos ocurridos en Oaxaca, de mayo de 2006 a enero pasado, investigará la probable omisión o pasividad de las autoridades federales, estatales y municipales, para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en esa entidad.

Al definir los alcances de la citada comisión, la cual se integrará una vez que los ministros aprueben un acuerdo general que regule la actividad de los comisionados cuando el máximo tribunal ejerza su facultad de investigación, prevista en el artículo 97 constitucional, la Corte acordó que la indagatoria sobre Oaxaca incluirá "los probables excesos de las fuerzas policiacas federales (Policía Federal Preventiva), estatales y municipales".

En resolución unánime y a propuesta del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia -incluso los ministros que estuvieron en contra de ejercer la facultad de investigación, como Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls, votaron en favor de los temas que serán objeto de investigación-, se estableció que los comisionados determinen si en la entidad que gobierna Ulises Ruiz se violaron las garantías individuales generalizadas, particularmente la libertad de tránsito, de trabajo y el derecho a la información.

Las pesquisas se extenderán a "la probable violación de garantías de personas físicas determinadas", especialmente en lo que respecta a la vida e integridad corporal; inviolabilidad del domicilio, libertad personal y respeto al derecho de propiedad, entre otras.

Acordaron también que la investigación se limite a la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, sin perjuicio de que, de ser necesario, se incluyan otros puntos del estado o del país; lo anterior, porque en la discusión se señaló que era inexplicable que líderes de organizaciones sociales detenidos fueran enviados, y en el trayecto torturados, a penales en otras entidades.

Respecto a la temporalidad de la investigación, José Ramón Cossío comentó que en mayo de 2006 empezaron los problemas en Oaxaca con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que "evidentemente se va a incluir la participación de la Policía Federal Preventiva en el mes de octubre".

Olga Sánchez Cordero añadió que la investigación debe partir "de cero", además de que ésta debe ser "muy auténtica, imparcial y objetiva".

Previamente, el ministro instructor, Juan N. Silva Meza, había propuesto un cuestionario de 14 preguntas en las que abiertamente se refería que en Oaxaca tuvieron lugar "violaciones" a las garantías individuales. Cuestionaba ¿quién las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y la deficiente capacitación de los policías?, ¿hubo en Oaxaca un ejercicio inmediato de la fuerza o se postergó?, ¿las autoridades actuaron en forma discrecional, éstas incumplieron deberes constitucionales y legales?

¿Qué tipo de acciones u omisiones pueden dar lugar a enfrentamientos civiles en los que claramente se afectan garantías individuales, aunque no sea por mano de la fuerza pública, cuando los tres órdenes de gobierno tienen a su cargo la seguridad pública y la paz social?, ¿qué ha impedido que los gobernantes definan oportuna y eficientemente la forma y alcance de sus intervenciones?, ¿qué condiciones generan mayores incentivos a la pasividad que a la acción?, ¿cuál es la conducta que esperamos de los tres niveles de gobierno frente a sucesos similares, en donde las garantías de unos parecen afectar las de otros y ponen en entredicho el orden público?

Finalmente, como consecuencia las presiones de Mariano Azuela y Sergio Salvador Aguirre, principalmente, el pleno acordó eliminar de su resolución cualquier comentarios que diera por acreditadas las violaciones a las garantías individuales y que en lugar de ello se hablara de presunciones.

Por lo anterior, en lugar de aprobarse el cuestionario propuesto por Silva Meza se dio el visto bueno a cuatro temas generales a investigar, que propuso el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.