La propuesta presidencial, chiquita e incompleta, señalan organizaciones campesinas
El Consejo Nacional definirá postura del PRD sobre la iniciativa fiscal
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El titular de Hacienda, Agustín Carstens, durante la presentación de la iniciativa de reforma fiscal, el miércoles pasado
Foto: Francisco Olvera
La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordó con su representación en el Congreso de la Unión no asumir una postura definitiva sobre la iniciativa de reforma fiscal enviada por el Ejecutivo el miércoles pasado mientras no sea discutida por el Consejo Nacional -en su calidad de órgano máximo de discusión de línea política-, el cual será convocado para sesionar el 7 y el 8 de julio.
En tanto, dirigentes de organizaciones campesinas consideraron que la propuesta de reforma es "chiquita e incompleta", por lo que los diputados deberán revisarla a fondo y tomar en cuenta las opiniones que presenten los sectores de la sociedad.
Es un proyecto que "exprime más a los contribuyentes cautivos", incluidos pequeños y medianos industriales, así como agricultores que con recursos federales han creado microempresas y, ahora, de aprobarse la iniciativa, tendrán que cubrir pagos fiscales, mientras lo que requieren es mayor apoyo para sostener la fuente de empleo que han generado, señalaron, entre otros, Federico Ovalle Vaquera, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas.
En tanto, en reunión a puerta cerrada de casi tres horas -encabezada por Leonel Cota y los coordinadores en San Lázaro y en el Senado, Javier González Garza y Carlos Navarrete, respectivamente-, los perredistas acordaron hacer al "gobierno legítimo" y al propio Andrés Manuel López Obrador la invitación de analizar la iniciativa.
Por separado, Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública del "gobierno legítimo", expresó su preocupación porque en la propuesta no se establece hacia dónde se dirigirán los recursos que el gobierno federal pretende recaudar.
Además, "no se incluyen disposiciones que reduzcan el gasto corriente ni se advierten medidas estructurales que modifiquen el funcionamiento del Sistema de Administración Tributaria".
En tanto, Fernando Noriega, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinador de posgrado en ciencias económicas de esa casa de estudios, afirmó que la iniciativa no es más que una "miscelánea fiscal, porque no atiende los problemas más urgentes y de fondo, como el papel que el Estado debe asumir para garantizar la redistribución de los recursos recaudados".
El modelo económico vigente en México alienta que el Estado "deserte
de su obligación como redistribuidor de recursos, con la falsa idea de que esto se logrará con la sola asignación de los fondos y la operación del mercado", abundó.
Por ello, "ceder a la tentación de gravar el consumo sólo perjudica a quienes menos tienen (...) lo que importa es gravar el ingreso, porque entonces ahí sí se quita más a quienes más tienen".
El proyecto tiene un perfil recaudatorio que genera dudas, pues mayor recaudación no implica necesariamente satisfacer las necesidades ni combatir la pobreza, señaló a su vez Adolfo Sánchez, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Indicó que si bien los cambios propuestos podrían ser "factibles, se quedan cortos, pues México tendría que andar más allá de la captación fiscal".