Uno relacionado con la seguridad en bancos
Impugna la PGR ante la Corte otros dos actos del gobierno y legisladores
La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso otras dos acciones de inconstitucionalidad, una en contra de la disposición del Gobierno del Distrito Federal de obligar a las instituciones bancarias a garantizar la seguridad de sus clientes y empleados, y la otra en contra de la Asamblea Legislativa y del mismo GDF por la aprobación y promulgación de reformas al Código de Procedimientos Penales.
En el primer caso, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anule la fracción XVI del artículo noveno de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, que obliga a los bancos a aplicar acciones para proteger a sus usuarios.
Esta es la segunda acción de inconstitucionalidad que interpone la PGR en los años recientes en contra de la ALDF y el gobierno de la ciudad por expedir normas que regulan a los establecimientos mercantiles en cuanto a la seguridad de los usuarios.
La primera ocasión, el pleno de la Corte dio la razón a la PGR, por considerar que la ALDF no tiene facultades para ordenar a los bancos implantar medidas de seguridad, pues es un asunto de competencia federal.
Sin embargo, la ALDF aprobó recientemente reformas a la mencionada ley para que las instituciones crediticias garanticen la integridad física de sus empleados y sus clientes, por lo que la PGR interpuso su recurso, el cual fue admitido por la Corte el 18 de junio pasado, mismo que se turnó al ministro José Ramón Cossío para que elabore el proyecto de resolución.
Por lo que se refiere a la segunda acción de inconstitucionalidad, el procurador Medina Mora impugnó las modificaciones a los artículos 556 y 561 del Código de Procedimientos Penales del DF, que están relacionados con la aprobación de la ley por la que se crea el Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia, presentada por el diputado del PRD Norberto Nazario Sánchez.
Los dos artículos mencionados se refieren a la obligación que se les impone a los acusados por un delito para que garanticen en efectivo el monto estimado de la reparación del daño ocasionado.
El recurso legal de la PGR -interpuesto el 13 de junio anterior- considera que "tal disposición es contraria a la fracción I del artículo 20 constitucional, porque al establecer como único medio de caución el depósito en efectivo, restringe un derecho que la Ley Fundamental otorga al inculpado, por cuanto a que excluye cualquier otro tipo de garantía que sea asequible".
Esta acción se turnó a la ministra Olga Sánchez Cordero para su análisis y resolución del proyecto.