Propuesta sustancial para aumentar ingresos fiscales
La tasa única empresarial abatiría evasión del ISR
La propuesta sustancial para incrementar los ingresos fiscales del gobierno federal, según el paquete de iniciativas de reforma legal presentado este miércoles por el Ejecutivo, es la creación de una contribución empresarial de tasa única (CETU), gravamen que pretende contener la evasión y elusión en el pago del impuesto sobre la renta (ISR) empresarial.
El conjunto de acciones propuesto ayer por el gobierno federal al Poder Legislativo busca incrementar los ingresos fiscales del gobierno federal en tres puntos porcentuales del producto interno bruto al término del sexenio, unos 300 mil millones de pesos a precios actuales. De ese total, el cobro de la CETU, en caso de ser aprobada por los legisladores en los términos planteados, aportaría 1.5 puntos porcentuales del PIB en promedio durante los próximos cinco años, unos 150 mil millones de pesos, según el texto de la iniciativa. Es decir, la mitad de los recursos esperados con la reforma fiscal.
En el texto de la iniciativa el Ejecutivo federal estima que la tasa de evasión en el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y del ISR es de 27 por ciento de la recaudación potencial, lo que equivale a una menor captación cercana a 3 por ciento del PIB, el mismo porcentaje que espera aumente la recaudación con el conjunto de medidas propuesto ayer a los legisladores. Manifiesta que para elevar los ingresos fiscales ''no es una opción'' incrementar las tasas en los actuales impuestos. Por ello es que propuso un impuesto de tasa única para las contribuciones empresariales.
En la iniciativa se menciona que la contribución empresarial a tasa única es un gravamen que tiene una base más amplia que el ISR, ''con lo cual la contribución que se propone gravará a quienes hoy no pagan el impuesto sobre la renta, lo que hace más equitativa la tributación''.
Para evitar que la CETU represente una obligación fiscal adicional, la propuesta del gobierno federal plantea que este gravamen sustituya al actual impuesto al activo, que es de 2 por ciento sobre el total de los activos de las empresas. Acota que la contribución empresarial a tasa única permite la deducción total de la inversión, por lo que no distorsiona el costo del capital, tampoco inhibe la creación de empleo y sí promueve, asegura, la competitividad y el desarrollo del país.
La propuesta del Ejecutivo es que en el primer año la CETU se aplique de la siguiente manera: las empresas deberán considerar la totalidad de los ingresos obtenidos en un ejercicio, menos las deducciones autorizadas en el mismo periodo, y al resultado se le aplicará una tasa de 16 por ciento, que progresivamente aumentará a 19 por ciento al final del sexenio.
De acuerdo con la propuesta, la CETU buscará evitar la evasión y elusión en el pago de ISR, aunque se establece la posibilidad de que ambos gravámenes se interrelacionen. Las empresas no deberán pagar los dos, sino uno solo de ellos. Agrega la iniciativa que la contribución empresarial a tasa única propuesta es de tipo directo y equivale a gravar a nivel de la empresa, con una tasa uniforme, la retribución total a los factores de la producción. De dicha retribución se permite deducir las erogaciones para la formación bruta de capital, la cual comprende maquinaria, equipo, terrenos y construcciones, además de los inventarios.
Las retribuciones a los factores de la producción incluyen las remuneraciones totales por sueldos y salarios, así como las utilidades no distribuidas y los pagos netos de dividendos, intereses y regalías. La CETU no grava únicamente la utilidad de la empresa (como el ISR), sino la generación de flujos económicos destinados a la retribución total de los factores de la producción.
Estarían exentos de la CETU ''un mínimo de sujetos y actividades'', entre los que menciona a la Federación, entidades federativas, municipios, entidades de la administración pública paraestatal, personas que no realizan actividades tendientes a obtener utilidades, entre los que cuenta a partidos, asociaciones, coaliciones y frentes políticos legalmente reconocidos. Se incluye a sociedades con fines culturales, académicos o religiosos, y parcialmente a las asociaciones con instalaciones deportivas, sindicatos obreros, cámaras de comercio, industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, colegios de profesionistas, asociaciones patronales y sociedades cooperativas de productores o de consumidores.