Rechazaron que un ciudadano vasco hubiera sido detenido y deportado por fast-track
Acusan a Gobernación, el INM, la PGR y la SSP de mentir a un juez
La meta de la defensa es que se permita el regreso de Antonio Azpiazu Alcelay
La Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal mintieron a un juez de distrito en materia de amparo con sede en el Distrito Federal, ya que rechazaron que Antonio Azpiazu Alcelay, señalado por la Audiencia Nacional española como presunto integrante del grupo separatista Patria Vasca y Libertad (ETA), hubiera sido detenido la semana pasada y deportado a España en un proceso fast-track, informó ayer la abogada Bárbara Zamora, representante legal en México del ciudadano de origen vasco.
Según la litigante, el juez tercero de distrito de amparo, Ricardo Guzmán Wolffer, requirió a dichas autoridades que le informaran si fue cierto lo que publicaron diversos medios de comunicación de que Azpiazu Alcelay fue deportado el pasado jueves.
"Las autoridades responsables negaron el acto reclamado, pero el juez tiene en sus manos publicaciones periodísticas y un boletín oficial de Gobernación que señalan lo contrario; por ese motivo, les dio un plazo de 24 horas a las mismas autoridades para que rindan un informe real de los hechos", refirió la litigante.
Si no cumplen con el ordenamiento, las dependencias serán sancionadas con una multa económica que establecerá el propio juzgador.
El presunto miembro de la ETA fue expulsado de nuestro país presuntamente por carecer de documentos que acreditaran su estancia legal en territorio mexicano.
En entrevista con La Jornada, la abogada Zamora refirió que el hecho de continuar en pie con la demanda de amparo que presentó el pasado jueves contra actos de incomunicación, tratos denigrantes y para evitar que el ciudadano vasco fuera expulsado de México es por dos razones: la primera, pretende que sea devuelto a México, lo cual "ya hemos conseguido en otros casos de extranjeros expulsados"; la segunda, busca que si ya no fuera posible el regreso de Aspiazu, sí se pudiera sancionar a las autoridades mexicanas que autorizaron su deportación, "en caso de que comprobemos que fue irregular la expulsión".
Acusado de ser miembro del aparato de financiamiento del grupo separatista vasco, Aspiazu Alcelay fue detenido la semana pasada en Cuernavaca, Morelos, como parte de un operativo conjunto entre los órganos de inteligencia españoles y mexicanos.
La litigante refirió que no conoce los hechos que motivan la acusación del gobierno español en contra del ciudadano de origen vasco, y que en todo caso esa será labor de los abogados que lo defiendan ante Audiencia Nacional española.
Precisó que a ella le corresponde revisar que el procedimiento administrativo de deportación se haya apegado a los lineamentos de la Constitución mexicana y de las leyes secundarias.
"No vamos a desistir del amparo; vamos a buscar que se le notifique por alguna vía a Aspiazu Alcelay para que manifieste si quiere seguir buscando la protección de la justicia federal en México", indicó Zamora.
Agregó que la demanda de amparo "también abarca el tema de la irregular expulsión; y ya en otras ocasiones de casos de extranjeros hemos logrado revertir la decisión de las autoridades mexicanas y los extranjeros regresan. Así ocurrió con el caso de Hansen".
La penalista se refería al caso del ex director de la organización humanitaria Pastores por la Paz, Thomas Hansen, quien en septiembre de 1998 recibió el amparo y la protección de la justicia mexicana contra la expulsión del país que le aplicó la Secretaría de Gobernación un año antes.