Recibe Góngora imágenes en las que francotiradores disparan contra la población
Investigar no sólo excesos, sino además omisiones, plantea Ortiz Mayagoitia
La investigación sobre la violación grave de garantías individuales en Oaxaca debe incluir la responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales por el excesivo uso de la fuerza, pero también por la omisión en el uso de ésta, sostuvo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Además propuso definir criterios cuando entran en pugna "garantías individuales del más alto valor", como el derecho a la libre expresión o manifestación de las ideas, con "el derecho colectivo a vivir en paz, con seguridad y con orden público".
Al fijar su postura en favor de que la Corte investigue los hechos ocurridos en Oaxaca de junio del año pasado a enero del presente -con él suman siete los ministros que apoyan esa posición-, Ortiz Mayagoitia subrayó que cuando estos derechos entran en conflicto "los gobernantes no pueden permanecer impasibles como si nada pasara; no son árbitro pasivo entre la sociedad y quienes ejercen el derecho de manifestación, sino que tienen a su cargo un deber de obrar para proteger ambos intereses.
"Me parece -añadió en la sesión de ayer del máximo tribunal- que a partir de 1968 se generaron una serie de condiciones jurídicas y políticas que inducen a la pasividad del gobernante, porque, al parecer, encuentra en la omisión mejores expectativas que si diera cumplimiento a sus deberes constitucionales".
Reconoció que "no hemos sabido todavía configurar el uso correcto de la fuerza pública, lo cual da como resultado excesos y en algunos casos violación de garantías".
Como punto complementario a la propuesta del ministro instructor, Juan N. Silva Meza, de que se investigue la presunta violación de garantías individuales en que incurrieron autoridades federales, estatales y municipales, Ortiz Mayagoitia planteó que la Corte analice por qué los gobernantes piensan que pueden decidir de una manera "absolutamente discrecional" si actúan o no frente a manifestantes que alteran el orden y la seguridad pública, "siempre bajo la premisa de evitarse en lo personal el mal mayor".
Insistió en que los tres órdenes de gobierno son los encargados de mantener la seguridad pública, el orden público y la paz social, condiciones que son indispensables para el disfrute de las garantías individuales.
Hoy más que nunca, sostuvo, se requiere una investigación "seria y prudente" que arroje luz sobre la forma en que son afectados los derechos constitucionales de los ciudadanos: "¿qué tipo de acciones u omisiones pueden dar lugar a enfrentamientos civiles en los que claramente se afectan garantías individuales, aunque no sea por la mano de la fuerza pública? ¿Qué ha impedido que los gobernantes definan oportuna y eficientemente la forma y alcance de sus intervenciones? ¿Cuál es la conducta que esperamos de los tres órdenes de gobierno frente a sucesos similares donde las garantías de unos parecen afectar las de otros y ponen en entredicho el orden público?
"Tenemos que buscar el equilibrio constitucional para estos casos", puntualizó.
Antes de que Ortiz Mayagoitia fijara su postura, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco se habían pronunciado en favor del proyecto de Silva Meza para que la Corte ejerza su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional. Y aunque cada ministro matizó aspectos del proyecto que no compartían, en el fondo anunciaron el sentido de su voto.
Sin embargo, después de la intervención de Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano -quien se pronunció en contra de la investigación junto con Mariano Azuela, Sergio Valls y José de Jesús Gudiño Pelayo- señaló que cambiaría de criterio y votaría porque la Corte indagara, pero desde la óptica propuesta por el ministro presidente. De inmediato, Silva respondió que no estaba de acuerdo con dejar fuera su propuesta y que, en todo caso, el planteamiento de Ortiz Mayagoitia sería complementario al suyo.
En todo caso, acordaron aplazar la discusión para este martes, cuando se prevé que se confirme la mayoría de votos por la investigación y se definan los alcances, integrantes, condiciones y forma de operar de la comisión investigadora.
Durante la sesión, Góngora Pimentel refirió que por la mañana había recibido en su oficina un disco con unas tomas de televisión donde se ve un helicóptero lanzando gas lacrimógeno directamente a los manifestantes, y a dos francotiradores que desde una azotea disparaban directamente a la gente, "y la población era llevada, pues, a morir a los hospitales; las heridas están a la vista".
Recordó que en su informe sobre Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da cuenta de dos asesinatos y de más de mil quejas en contra de las autoridades de esa entidad, así como detenciones ilegales, tortura, traslado ilegal de detenidos a prisiones de otras entidades, etcétera.
Por su parte, José Ramón Cossío dejó en claro que en cuatro informes que les hizo llegar el gobierno de Ulises Ruiz a los ministros sobre lo ocurrido resulta que "no hay una consideración general sobre los hechos", como tampoco hay una respuesta federal o municipal a los señalamientos de la comisión, y que precisamente la falta de respuesta de las autorides constituye un elemento más para realizar la investigación.