"Abre las puertas a la interpretación de quien gobierne" en Argentina, alertan ONG
Aprueban diputados la ley antiterrorista; contempla penas de 20 años de prisión
Buenos Aires, 14 de junio. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer la ley antiterrorista, que desde hace años intentaba imponer Estados Unidos y que varias veces fue frustrada por la enérgica acción de diversos sectores políticos y sociales.
La nueva ley, sancionada por 101 votos con algunos apoyos "críticos" y 33 en contra, modifica el código penal alrededor de varias figuras ambiguas, como no aclarar que es "terrorismo" en un país donde 30 mil personas fueron desaparecidas por razones políticas cuando la última dictadura (1973-1986) las calificó de "terroristas".
Los organismos humanitarios, entre ellos Madres Línea Fundadora de Plaza de Mayo, presentes en la Cámara de Diputados, asistieron con estupor a esta votación en favor de una legislación que, señalaron, deja las puertas abiertas "a cualquier interpretación de quien gobierne en un momento determinado" en Argentina.
Esta ley, entre otros puntos, crea la figura de asociación ilícita terrorista y su presunto financiamiento económico.
A la oposición de los diputados socialistas, además de los centristas de Alternativa para una República de Iguales y el diputado pro oficialista Miguel Bonasso, se unieron también los que responden al candidato derechista a intendente de esta capital, Mauricio Macri.
En este último caso fue por distintas causas que los primeros, ya que consideraron que esta ley debía "ser más dura y de acuerdo con los estándares internacionales".
Representantes de organismos de derechos humanos recordaron cómo otros diputados, en los tiempos en que se juzgaba a los militares de la pasada dictadura, votaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986 y 1987) -ahora derogadas- que permitieron la impunidad a cientos de responsables de crímenes de lesa humanidad, cuando eran "debidamente juzgados".
Los oficialistas reconocieron que se trataba de un tema "muy difícil", que nunca había podido pasar el tamiz de la Cámara, y fue la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la diputada Rosario Romero, quien explicó a la prensa que se trataba de cumplir con los "compromisos internacionales asumidos contra la financiación del terrorismo".
Aunque especificó que esto no iba a tener ninguna incidencia ni capacidad para reprimir o criminalizar la protesta política o social, los organismos de derechos humanos recordaron que "nadie en este gobierno puede predecir para qué va a ser utilizada en el futuro".
En su capítulo VI, la ley sancionada hoy establece penas de cinco a 20 años de prisión "al que tomare parte en una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo", como medio de "acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político".
La misma pena se fija a quienes recolecten o provean "bienes o dinero, con conocimiento que serán utilizados para financiar a una asociación ilícita terrorista".
Basta leer estos y otros artículos de la legislación "para saber en qué orfandad legal nos dejan en el país si no hacemos nada porque esto vuelva atrás", señalaron las madres fundadoras, cuya protesta desesperada de nada sirvió esta ocasión.