Sugiere recurrir a organismos internacionales para resolver controversias
Admite el TEPJF que irregularidades cometidas en 2006 rebasan sus facultades
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Flavio Galván Rivera, sostuvo que no todas las irregularidades cometidas en el ámbito electoral caen en las atribuciones de esta instancia. En 2006 ocurrieron algunas irregularidades cuyo ámbito de competencia y de investigación correspondía al Ministerio Público o al Instituto Federal Electoral (IFE), respondió al ser cuestionado sobre la injerencia ilegal del Consejo Coordinador Empresarial en la contienda presidencial.
En el contexto de un seminario de capacitación, Galván Rivera aseveró que la existencia de un hecho concreto no es suficiente, inclusive en el supuesto de que lograra acreditarse la irregularidad, para que unos comicios pudieran ser anulados. "Una golondrina no hace verano, una conducta puede estar plenamente probada, acreditada, pero no alcanzar el grado de transcendencia para anular la elección".
Al referirse al reconocimiento que hizo en su momento el TEPJF de la intromisión del presidente Vicente Fox en la contienda al grado de ponerla en riesgo, Galván Rivera argumentó que esa expresión fue emitida en sesión pública por una magistrada (Alfonsina Navarro) y tal señalamiento no está en la sentencia (de la calificación de la elección presidencial).
"Esas conductas no necesariamente tienen que ser sancionadas por el tribunal, el cual sólo tiene la responsabilidad de solucionar los conflictos, pero las conductas eventualmente ilícitas no pueden ser castigadas por el tribunal", aseguró.
En fechas recientes varios asuntos han sido devueltos al IFE para que agote una investigación exhaustiva y determine si existen infracciones o presuntos responsables.
"Por eso es que nosotros no podemos ir más allá de calificar una elección. En más de una ocasión hemos dado vista al Ministerio Público, ya sea por medio de la Procuraduría General de la República o las procuradurías de los estados. No podemos hacer más."
Al respecto, la magistrada María del Carmen Alanís dijo en torno al proceso electoral del año pasado que las irregularidades "no fueron sustancialmente graves, pero tampoco hubo un sistema lo suficientemente sólido para sancionar".
Es por ello que se pronunció en favor de que en una eventual reforma electoral no se privilegien las alternativas de nulidad de una elección, sino la incorporación de elementos para sancionar a actores no autorizados para intervenir en una contienda.
Consideró que la sentencia de 2006 fue completa y dio respuesta a lo planteado en los juicios de inconformidad interpuestos.
Cuando se le preguntó sobre la conveniencia de sustituir a los consejeros electorales, como lo ha propuesto la oposición, Alanís fue cautelosa y señaló que "sería muy delicado remover a funcionarios por motivaciones distintas al fortalecimiento del sistema democrático". Si lo que se pretende es precisamente este fortalecimiento podría ser viable.
En su conferencia -como parte del seminario de capacitación- sobre temas de la reforma electoral federal, propuso establecer requisitos especiales para el sistema de impugnación, lo que implicaría que los partidos pudieran interponer sus recursos de inconformidad en función de cada etapa de la elección.
Esto impediría, como sucede ahora, que en función de los resultados, los partidos impugnen la totalidad de la elección "a ver si pega". Añadió que sería necesaria la revisión del sistema de nulidad, el cual no se ha actualizado desde 1996.
Planteó también descentralizar la impartición de justicia electoral, para dotar de facultades a las salas regionales del tribunal electoral para conocer de impugnaciones sobre elecciones de alcaldes y diputados locales.
Dijo que sería necesario revisar el actual sistema de fiscalización en el IFE, creando un órgano especializado y autónomo para supervisar a los partidos políticos.
Actualmente se desarrolla una etapa de la elección en la que el IFE se encuentra inmerso en su organización y al mismo tiempo debe fiscalizar los informes de gastos ordinarios, confrontando a los partidos, con los cuales debe condensar parte de la organización electoral.
Sin embargo, aclaró, los cambios propuestos serían con el propósito de perfeccionar la estructura actual del IFE, e inclusive consideró que en México no es necesaria una reforma integral, ya que el sistema electoral mexicano es modelo en el mundo. "Hay dos instituciones que funcionan y funcionan bien, por lo que si bien lo óptimo sería avanzar en reformas a aspectos específicos, se podría organizar una nueva elección con esta misma legislación electoral".
Por otro lado, Galván Rivera aseveró que considerar el tribunal como la última instancia en materia electoral es relativo, porque existen organismos internacionales de derechos humanos a los que puede acudirse.
Sin embargo, acotó que en el caso de las boletas electorales -cuyo acceso fue negado por el mismo TEPJF- una instancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sólo podría recomendar un cambio en la ley, pero no ordenar la apertura de los paquetes.