El Estado en la economía
Jamás dejará de debatirse en torno al papel que el Estado debe desempeñar en la economía y, más precisamente, en la política de desarrollo económico. En los años 20 y 30 la derecha patronal mexicana postulaba que los principios aprobados en el Constituyente de Querétaro en materia económica eran extraños a la idiosincrasia mexicana, porque iban en contra la libertad y la propiedad de los privados. Los sucesos de 1917 en Rusia dieron pie para que los argumentos se enderezaran a calificar dichos principios como "bolcheviques", "comunistas" ("colectivistas" cuando no se quería exagerar) o, inclusive, "marxistas". Todavía no estaba de moda la expresión "populismo". Y todo ello, sin que sus intereses fueran tocados mínimamente (recuérdese tan sólo al célebre Grupo Monterrey).
Aquellos, sin embargo, debieron ser tiempos de terrible angustia para las clases propietarias en general, si bien los gobernantes revolucionarios se la pasaban alegando que no eran comunistas y ni siquiera colectivistas, sino sólo nacionalistas. No pasaba un día en que no trataran de tranquilizar a los grandes propietarios, haciéndoles ver que tenían ciertos compromisos con las clases obreras, en especial con los trabajadores del campo, pero que eso no ponía en peligro de ninguna manera los intereses de los grandes propietarios. Miedosos e ignorantes como eran, éstos no lograban aplacar sus temores y siempre estuvieron a la defensiva, alertando cuanto podían sobre los peligros del comunismo que se cernía sobre el mundo y que en México, según ellos, tenía muchísimos y muy peligrosos adeptos.
Esos tiempos se fueron y cuando también concluyó el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, por fin, los grandes propietarios y los empresarios comenzaron a saber que este era un régimen que cuidaría de ellos. Con Cárdenas, recordaba su biógrafo William C. Townsend, a los propietarios les fue mejor que en ninguna otra época, pero su temor hacia ese gobernante progresista fue siempre superior a sus intereses tan bien servidos. Jamás desistieron de plantear que la Constitución era un instrumento del comunismo que sólo esperaba que alguien con tamaños tomara el poder para realizar su diabólico programa de arrasamiento de la propiedad privada (el verdadero patrimonio de la nación, según ellos).
En los años 60, los sociólogos latinoamericanos pusieron de moda el término populismo y yo mismo lo usé en mis primeras obras, aunque luego lo sustituí con las expresiones "política de masas" y "corporativismo", combinadas. Todo lo que desde el gobierno se hacía para imponer el control del Estado sobre la economía o también para satisfacer ancestrales demandas populares y sociales comenzó a acusarse de populismo. A nadie se le volvió a ocurrir decir que esas políticas eran bolcheviques, comunistas o marxistas. Y fue para mí una sorpresa leer en un artículo (publicado el pasado jueves) de un colaborador del diario Reforma y funcionario de Tv Azteca, Sergio Sarmiento, que, para él, los artículos 25 y 26, así como algunos fragmentos del 27 y el 123, "son de inspiración marxista y resultan absurdos en un tiempo en que la mayor parte del mundo ha adoptado un sistema de libertades económicas y personales como camino para alcanzar una mayor prosperidad y una mayor dignidad de los ciudadanos".
Sarmiento respira por la herida y despotrica contra la Suprema Corte que, de acuerdo con su óptica, le ha dado la razón a Bartlett en relación con la llamada ley Televisa, y a quien, además, identifica como el inspirador de las reformas constitucionales de 1982 a los artículos 25, 26, 27 y 28. La perla de su artículo es que el principio de una planificación democrática que se establece en el artículo 26 es de inspiración marxista, como si Marx hubiera inventado el concepto. En la memoria ofuscada del funcionario de Tv Azteca sólo caben los planes quinquenales de la Unión Soviética y se olvida que la planificación, como la practican los órganos del Estado mexicano, son una invención estadunidense y quienes más planifican en el mundo, me lo dijo en alguna ocasión Rolando Cordera, son las trasnacionales.
Como diputado de la 52 Legislatura, yo me encargué del debate en torno al llamado "Capítulo Económico" de la Constitución como miembro del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México. En torno, concretamente, al tema de la planificación, recuerdo que dije que ésta no era democrática como se la quería presentar, que corría sólo a cargo del Ejecutivo y que no instrumentaba los mecanismos para hacer posible la participación de los diferentes factores de la producción en el esfuerzo que buscaba ordenar la planificación y vaticiné, por ello, su permanente fracaso. Sarmiento trina contra la rectoría del Estado en la economía, porque piensa que es una usurpación del papel que deben desempeñar la empresa privada y "las libertades económicas y personales".
Creo que sólo a una persona descerebrada se le puede ocurrir que en el mundo los Estados no controlan ni planifican sus economías. Hay que imaginar lo que éstas serían si no las dirigiera el Estado. No habría "mano invisible", como predicaba Adam Smith, capaz de mantenerlas en un rumbo seguro. Quién sabe qué significará para este periodista la expresión "libertad económica", pero si viera más allá de sus narices podría darse cuenta que en un mundo de verdadera libertad económica (respetuoso de los principios del artículo 28 de la Constitución), su empresa no habría sido adquirida de un modo tan extraño por su dueño, tampoco se habría podido apoderar del Canal 40 y, ciertamente, no habría prosperado como lo pueden hacer sólo los monopolios, vale decir, esas empresas que ahogan la verdadera libertad económica. Y de nada sirve que cite a Felipe González o a Tony Blair como ejemplos de una izquierda como se debe. Esos sujetos son, todo mundo lo sabe, estrellas de las derechas latinoamericanas, no de las izquierdas, y el propio Sarmiento nos da un ejemplo de ello.