Distrito Federal: bioseguridad y protección del maíz nativo
En el año 2000 se publicó la Ley Ambiental del Distrito Federal con una normatividad importante que fomenta la agroecología. Esta legislación define la agricultura ecológica en el suelo de conservación como aquella que no utiliza o produce organismos genéticamente modificados. El suelo de conservación representa más del 50 por ciento del Distrito Federal, es la barrera más importante al crecimiento urbano y al deterioro ecológico de la ciudad, y se concentra en las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.
Los organismos genéticamente modificados (OGM) son aquellos a los que se les ha introducido un gene de otro organismo. Por ejemplo, al maíz Bt se le ha introducido un gene de una bacteria (Bacillus thuringiensis) que produce una toxina insecticida. El maíz, al recibir la instrucción del gene de la bacteria, produce una sustancia que es dañina para los insectos. Estos OGM son objeto de una intensa polémica en la comunidad científica por los riesgos potenciales que entrañan para la salud humana y la integridad de los ecosistemas. Por eso los OGM están sujetos a regulaciones para vigilar su producción y liberación al ambiente.
Mis investigaciones permiten inferir que la acumulación de material transgénico en el genoma del maíz nativo puede perturbar gravemente las funciones metabólicas e incluso la morfología de la planta. La acumulación genética se produce cuando cruzas recurrentes integran de manera secuencial y creciente fragmentos de diferentes transgenes en los cromosomas de la planta. Debido a que los campesinos mexicanos conservan sus semillas para usarlas de manera recurrente, es posible que se produzca la acumulación de material transgénico. Las consecuencias de esta carga genética en el germoplasma del maíz nativo son impredecibles pero implican un riesgo intolerable por su gravedad. Por lo tanto es necesario aplicar el principio de precaución como lo marcan la propia ley de bioseguridad a escala federal y las normas internacionales.
Después de varios años de estudio, un grupo de científicos hemos detectado la presencia de maíces transgénicos en el suelo de conservación del Distrito Federal (www.frontiersinecology.org). Este hallazgo nos lleva a cuestionar cuál es la situación real de la difusión del maíz transgénico en nuestro país. En el ámbito nacional, el descubrimiento de grano transgénico en Oaxaca por los científicos Chapela y Quist en 2001 generó fuertes reacciones por parte del lobby de la industria biotecnológica para descalificar esa investigación. Sin embargo, el punto medular de su trabajo no ha sido rebatido. Además, varias investigaciones gubernamentales, algunas no publicadas, detectaron maíz transgénico en municipios de Oaxaca y Puebla. Nuestro hallazgo de la semilla transgénica en el suelo de conservación del DF, un área pequeña de producción de maíz en México, induce a pensar que la dispersión del producto modificado en nuestro país es mucho mayor de lo que hasta ahora se ha querido reconocer.
A escala local nuestra investigación puede constituir la base para establecer un sistema de vigilancia que asegure un manejo adecuado del maíz nativo y controle la introducción de transgenes en el suelo de conservación. Es necesario recordar que el régimen de propiedad intelectual existente concede patentes sobre formas de vida. Por eso, los transgenes son propiedad privada de empresas trasnacionales y eso puede conducir a consecuencias legales absurdas para el agricultor mexicano. En un estudio anterior (www.edpsciences.org), presentamos un escenario de largo plazo sobre la difusión de transgenes patentados en los maíces mexicanos. La velocidad de la difusión es altamente problemática por afectar un bien común que ha sido desarrollado y mantenido en el territorio mesoamericano durante más de 5 mil años. Específicamente, surge la siguiente pregunta: ¿tendrán que pagar regalías los campesinos mexicanos y los investigadores nacionales por la presencia involuntaria de estos transgenes en sus maíces?
En este escenario y ante los retos para el desarrollo sustentable, el Gobierno del Distrito Federal debe establecer y consolidar un sistema confiable para proteger al maíz mexicano del peligro de la acumulación genética, entre otros riesgos. Este sistema debe estar integrado con los programas existentes de agricultura ecológica y orgánica, combinándolos con el desarrollo de tecnologías alternativas económicamente viables. Además debe incluir programas de educación agroambiental que permitan el mantenimiento equilibrado del suelo de conservación del Distrito Federal.
Un programa con este perfil sería un ejemplo de política ambiental para todo el país.