Jurado popular exige su renuncia y enjuiciamiento

Ulises Ruiz, culpable de delitos de lesa humanidad

"Será indeseable dondequiera que se presente", sentencia

ROBERTO GARDUÑO

El jurado popular que analizó las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca sentenció que Ulises Ruiz Ortiz "es culpable de delitos de lesa humanidad".

En una resolución dada a conocer en la Cámara de Diputados, el tribunal popular de moral pública integrado por Elena Poniatowska, Carlos Payán, Miguel Concha, Guillermo García, José Enrique González, Eduardo Miranda, José Sotelo, Pablo Franco, Horacio Gaspar, Gilberto López y Rivas, Ernesto Sánchez y Fausto Trejo, dictó la siguiente sentencia:

"Se mandata éticamente al sentenciado (Ulises Ruiz) a liberar de inmediato a todos los presos políticos y a que presente con vida a todos los desaparecidos del estado de Oaxaca; se le exige que renuncie a la titularidad del Ejecutivo del estado por ser un sujeto repudiado por la mayoría del pueblo soberano, y lo declaramos persona non grata, lo que quiere decir que es indeseable dondequiera que se presente.

"Se insta a personas, organizaciones y partidos que se identifiquen como progresistas a promover juicio político en contra del tirano, para lograr no solamente su destitución del puesto de gobernador del estado, sino su enjuiciamiento penal y su inhabilitación de por vida para desempeñar algún cargo público o función relacionada con la docencia o la investigación; (también) se faculta al pueblo de Oaxaca para que continúe en la lucha de liberación de esta tiranía por los medios jurídicos que considere convenientes.

Asimismo, el tribunal popular llamó al pueblo de México a "crear una comisión de la verdad que investigue los hechos de la guerra sucia del pasado y el presente", y a los servidores públicos y representantes populares honestos para que "promuevan de inmediato una ley de amnistía general que proteja e incluya a todos los presos de conciencia del país.

"Iníciense trámites para juzgar a los cómplices de Ulises Ruiz, tanto en la administración estatal como en la federal. Hágase esta sentencia del conocimiento de los organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales y de la justicia universal que promueven y defiendan los derechos humanos."

Pruebas contra Ulises Ruiz

Al foro en que se presentó el veredicto -convocado por la diputada del PRD Aleida Alavez- acudieron el general José Francisco Gallardo, Gilberto Hernández, (asesor jurídico de la APPO), el doctor Guillermo García, Ignacio Fragoso, Mauro Padilla, Carmen López, Efraín Galicia e integrantes del municipio autónomo de Copala, en la región triqui.

La resolución refiere que en los foros sobre derechos humanos convocados por la sociedad se presentaron pruebas contundentes de los agravios infligidos por Ulises Ruiz contra ciudadanas y ciudadanos inocentes, con la complicidad de colaboradores, diputados, jueces y las llamadas fuerzas del orden.

"Se documentó sobradamente que se han dado detenciones sin orden judicial, que constituyen verdaderos secuestros; se les ha aplicado tortura sicológica y física a los detenidos, con el consecuente daño de su integridad personal; se ha perseguido a familiares y opositores políticos, y se intenta someter a los gobernados por medio del terror ejercido desde el estado."

Con esos medios de prueba recabados por el tribunal, y partiendo de las imputaciones "claras y directas" que los afectados formularon de los hechos ocurridos y denunciados, "se interpreta y acredita que los perpetrados por Ulises Ruiz Ortiz son delitos de lesa humanidad.

"Los cometió desde el poder, aprovechando todas las circunstancias que fueron favorables: cuerpos policiacos, jueces, celadores, recursos económicos que le permiten comprar a la prensa que está al mejor postor, intelectuales y escritores cuya pluma se cotiza en el mercado; ha contado además con la protección del gobierno federal, del ex presidente Vicente Fox y ahora con la de Felipe Calderón, quien ha militarizado al estado de Oaxaca."

Entre las conclusiones sobre el estado de violencia en esa entidad, el citado jurado advierte que se echa mano de grupos paramilitares, "verdaderos escuadrones de la muerte" que, con eficiencia letal, siembran miedo y dolor en el pueblo bajo el manto protector de los gobiernos federal y del estado.

También se añade que los órganos de justicia hacen "oídos sordos a las denuncias" y que el Congreso de la Unión protege a Ulises Ruiz, porque no lo ha sometido a juicio político a pesar de la evidencia de sus crímenes.