Sindicato amenaza con tomar la sede del tribunal
Recursos transferidos al gobierno local son nuestros: trabajadores del TSJDF
Luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) anunciara la firma de un convenio con la Secretaría de Finanzas local para transferir al gobierno capitalino 440 millones por concepto de "estímulos fiscales", el sindicato de trabajadores del organismo jurisdiccional advirtió que no permitirán que "se nos despoje" de esos recursos.
"Estamos decididos a ganar la calle" e inclusive tomar las instalaciones del TSJDF, para evitar "un agravio más" a la clase trabajadora, señaló el gremio. Se trata, agregó, de una represalia del titular del tribunal, José Guadalupe Carera Domínguez, quien culpa a los empleados de tratar de desestabilizar a la institución.
De acuerdo con el sindicato, Carrera Domínguez responsabiliza a los trabajadores de la información publicada por este diario sobre el uso y manejo de los mil 800 millones de pesos del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal, los cuales en su mayoría han sido utilizados para estímulos económicos.
Los 440 millones de pesos en cuestión son resultado de la retención del Impuesto sobre la Renta a los nueve mil 500 trabajadores del Poder Judicial local de 2003 a 2005, en base al decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2003.
Carrera Domínguez señaló que con ese dinero se crearía un fondo de retiro para los 250 jueces y 70 magistrados del órgano jurisdiccional, argumentando que éstos "merecen jubilarse con dignidad".
En un comunicado, el TSJDF, informó que durante la sesión del pleno del Consejo de la Judicatura capitalina del pasado lunes, se acordó transferir ese dinero al gobierno del DF, por concepto de beneficios fiscales, contemplado también en el citado decreto.
Al señalar que "ese dinero es nuestro", el sindicato propuso la creación de un fondo en beneficio de la base trabajadora que contemple estímulos económicos o préstamos con intereses mínimos, previa reglamentación que implique un manejo transparente y defina responsables de su administración y aplicación.