El grupo civil se dedica básicamente a proteger los derechos de los indocumentados
ONG documentan ante Gobernación la campaña de acoso contra Sin Fronteras
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Activistas en favor de los derechos de los migrantes se manifestaron ante las oficinas de la senadora Dianne Feinstein, en San Francisco. En una de las cartulinas exhibidas se podía leer: "Queremos su fuerzas de trabajo, pero no queremos reconocerles sus derechos. Atentamente: Estados Unidos
Foto: Ap
Organizaciones no gubernamentales (ONG) entregaron ayer a la Secretaría de Gobernación documentos que prueban el clima de acoso que enfrentan en México varios defensores de los derechos humanos, en particular integrantes del grupo Sin Fronteras.
Los representantes de grupos de la sociedad civil fueron recibidos por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Florencio Salazar, quien se comprometió a analizar los casos.
La queja más apremiante se refiere a episodios de hostigamientos del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) hacia los activistas de Sin Fronteras, organización dedicada básicamente a la atención de violaciones a los derechos humanos de indocumentados.
Coordinadores de grupos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la red Todos los derechos para todos y todas, demandaron al funcionario la "acción urgente" en apoyo a Sin Fronteras, por la campaña de descrédito al trabajo que realiza en apoyo a la población migrante y refugiada en México y del continuo endurecimiento de la política migratoria mexicana.
En marzo pasado, por ejemplo, fue filmada la credencial de elector de la directora de la organización afectada, Fabienne Venet, en las oficinas centrales del INM, ubicadas en Polanco, Distrito Federal.
Ante ello, Venet presentó las denuncias correspondientes ante los órganos internos del instituto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la Procuraduría General de la República, aunque hasta la fecha no ha habido avances en las investigaciones.
El 20 de mayo pasado, la asistente de capacitación de la ONG, Melissa Vértiz Hernández, acudió al aeropuerto a tomar un vuelo a Tapachula para visitar la estación migratoria de esa ciudad. De la aerolínea la vocearon y dos agentes del INM le solicitaron una identificación e hicieron mención a su trabajo.
Otro hecho de "hostigamento" tiene que ver con las limitaciones que ha impuesto el INM para que los defensores de derechos humanos realicen su trabajo en las estaciones migratorias. Lo anterior, aun cuando no han entrado en vigor las nuevas normas que imponen más requisitos y restricciones para las visitas de los defensores de garantías, ministros de culto y abogados.
"Los actos de hostigamiento a Sin Fronteras ocurren en el contexto del endurecimiento de la política migratoria en el que defensores y defensoras de los derechos humanos de los migrantes están siendo objeto de represalias e intimidación por realizar su labor", dijo Luis Arriaga Valenzuela, al término del breve encuentro con el subsecretario Salazar.
En Bucareli fue entregado también el expediente con las pruebas de la "intimidación" en contra de Concepción Moreno Arteaga, detenida arbitrariamente en 2005 y condenada a seis años de prisión por dar alimento a migrantes indocumentados.
En el registro de las "represalias" está la detención del sacerdote Alejandro Solalinde, en enero pasado, por ayudar a migrantes y más recientemente el hostigamiento al cura Herman Vázquez, director del albergue Hogar de la Misericordia, en Arriaga, Chiapas.
Como se difundió al inicio de este año, el subsecretario Salazar dijo en conferencia de prensa que muchos grupos se protegen bajo el velo de la ayuda humanitaria para realizar tráfico ilegal de personas.
El próximo martes, el INM cerrará la etapa de "consulta" para dar por concluido el nuevo esquema de normas para las estaciones migratorias, cuya publicación y entrada en vigor podría ocurrir este mes.