La discusión en torno al derecho a decidir en relación al aborto no termina. La despenalización aprobada por la Asamblea Legislativa del DF ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La acción era previsible en medio de la polarización ideológica, pero se esperaba que de los posibles impugnadores, la CNDH siguiera el ejemplo de la CDHDF, quien se negó a utilizar ese recurso.

La actuación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, es lamentable por diversos motivos. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta el último día del plazo legal para hacerlo, junto con un recurso similar de la Procuraduría General de la República. La coincidencia es poco verosímil y sólo fortalece la sospecha de que ambas instancias actúan de manera coordinada.

Los argumentos de Soberanes para impugnar la legislación que despenaliza el aborto desconocen todo lo relativo a equidad de género y fortalecen la idea de que las mujeres deben subordinarse a la voluntad masculina. De ninguna otra manera puede interpretarse que para el ombudsman la decisión de abortar sea un acto “de machismo al revés”, pues se niega a los varones “el derecho a la procreación”, según declaró a la prensa. Esta postura frivoliza la discusión y distrae del punto central del debate: los centenares de muertes de mujeres provocadas por abortos mal practicados en la clandestinidad. Es deseable esperar que los magistrados de la SCJN no dejen de lado esta arista del tema.

La actuación sospechosamente parcial del titular de la CNDH —junto con su tibieza en temas de debate público en torno a los derechos humanos y ciudadanos de minorías como las personas homosexuales, como con la Ley de Sociedades de Convivencia o el combate a la homofobia— fortalece la idea presente en muchos actores de la sociedad civil de que su actuación obedece más a cálculos políticos que al afán genuino de defensa de los derechos humanos.