Yosotatu: la huella del despojo estatal
Ricardo Sheffield Padilla, el subsecretario de la Reforma Agraria (SRA), sabe de lo que habla cuando se refiere a las confrontaciones por tierras en el campo mexicano. Conoce los números. Al menos esa impresión daba el pasado 25 de mayo, cuando reconocía que en el país existen alrededor de mil 500 conflictos agrarios, de los cuales alrededor de 220 consideraba los más delicados, mismos que ubicaba en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Michoacán. Naturalmente, los datos que daba no son verdaderos, porque nadie sabe a ciencia cierta cuántos problemas de ese tipo existen en territorio mexicano; pero son importantes, porque se acercan a la explosiva realidad del campo mexicano y parece que no buscan ocultarla, como pretendió su antecesor.
Lo que el funcionario tal vez ignore es que muchos de los más explosivos conflictos agrarios, considerados ya resueltos, subsisten y fueron alimentados desde el gobierno federal. Uno es el de San Pedro Yosotatu, en la región mixteca oaxaqueña. Documentos públicos, firmados por las autoridades municipales y agrarias de esa comunidad, dan cuenta de ello. Ahí se resume la conflictiva situación por la que atraviesan desde 1998, cuando San Sebastián Nopalera, amparada por la Unión Campesina Democrática -organización enquistada en el Partido de la Revolución Democrática, pero con fuertes vínculos con el gobierno estatal-, invadió sus tierras con la promesa de que les serían reconocidas pasadas las elecciones.
El problema se complicó. San Pedro Yosotatu peleó en los tribunales y ganó juicios y amparos que ninguna autoridad ejecutó. En noviembre de 2004 hubo un enfrentamiento entre los invadidos y los invasores con un saldo de tres personas de San Pedro Yosotatu desaparecidas y un muerto de los invasores. Entonces se apareció la SRA con su programa de focos rojos y le dijo a los campesinos que quería promover una solución negociada. Pero no, ya que en realidad pretendía que los invadidos se quedaran con sus tierras (499 hectáreas) a cambio de una mísera indemnización. En el fondo intentaba legalizar un acto injusto e ilegal despojando de su derecho y su futuro a toda una comunidad.
Como San Pedro Yosotatu no aceptó, promovió el desconocimiento de los legítimos representantes agrarios y creó un comisariado a modo, con el que buscaba dar forma legal a sus pretensiones. Las autoridades desconocidas y los ejidatarios se defendieron promoviendo juicios de nulidad y amparos. Y ganaron la primera vez, pero, en lugar de desistir, la SRA insistió, y en la segunda ocasión el Tribunal Unitario Agrario aceptó que las tierras se entregaran a los invasores. Para ello esa secretaría entregó 15 millones de pesos a una representación espuria que lo hizo efectivo con la anuencia del tribunal, no obstante que los inconformes se ampararon contra esta nueva arbitrariedad y el juicio aún está pendiente de resolverse.
Esta acción del gobierno federal, además de despojar de su tierra a campesinos que tienen derecho a ella, entregándola a quienes carecen de él, provocó en la comunidad un conflicto mayor del que pretendía resolver. De entonces a la fecha, por motivos derivados directamente del conflicto, en San Pedro Yosotatu han muerto al menos cuatro personas, dos se encuentran detenidas, siete tienen orden de aprehensión, 37 están procesadas, varias familias han abandonado el ejido por la inseguridad para sus vidas; los hombres difícilmente pueden bajar a la ciudad, nadie siembra las pocas tierras que les quedan por temor a ser cazados. Todo esto en un ejido de alrededor de 500 personas. Y en un conflicto declarado resuelto por el gobierno federal.
Por eso es bueno oír al subsecretario de la SRA declarar que los conflictos en el campo siguen siendo graves. Falta escuchar sus programas para desactivarlos y resolverlos de fondo. Y para lograrlo no basta ir por el país ofreciendo dinero a quienes estén dispuestos a ceder sus tierras frente a la ilusión de unos cuantos pesos.
Es necesario encontrar las causas profundas que les dan origen y hacerlo junto con los campesinos, no de espaldas a ellos, menos aún despojándolos de su patrimonio y su futuro. Yosotatu es sólo un ejemplo. Ahí están los demás conflictos del campo mexicano. Su solución requiere la rectificación inmediata de las políticas anteriores, por otras que respeten el derecho de los campesinos a la tierra. Pronto se verá si al reconocimiento de una realidad conflictiva le sigue una política acorde para atenderla.