Nada justifica abusos del Ejército, dice el jurista Clemente Valdés
La participación, "desgraciadamente indispensable del Ejército en la lucha contra los grupos que manejan el tráfico de drogas, no justifica en ningún caso los abusos, los atropellos y las violaciones a los derechos fundamentales de ninguno de los habitantes del país", afirmó el jurista Clemente Valdés.
Refirió que si bien no existe ninguna prohibición constitucional para que las fuerzas armadas participen en el combate al narcotráfico, es negativo que estén desarrollando labores que corresponden a las corporaciones policiacas.
"Es lamentable que el Ejército esté desarrollando tareas que no deberían ser parte de su trabajo. Lo malo no es en sí que las fuerzas armadas intervengan en la lucha contra grupos del crimen organizado; lo que es verdaderamente grave es el aumento del tráfico de drogas y el poder que han alcanzado estas bandas, ya que en este contexto se han hecho patentes la complicidad y la participación de muchísimos miembros de las distintas corporaciones de seguridad con las organizaciones delincuenciales".
Y agregó: "Es muy grave que hayamos caído en un estado de violencia criminal que hace necesaria la participación del Ejército en actividades que corresponden a las policías".
Según el especialista, "desgraciadamente desde hace mucho tiempo, especialmente desde hace 30 años, los presidentes y los gobernadores permitieron y alentaron la descomposición de los diferentes cuerpos policiales en todo el país para que sirvieran a sus intereses políticos; pervirtieron a los jefes y a los subalternos al permitir, primero, que llevaran a cabo extorsiones contra los particulares más indefensos, y después, todo tipo de actos delictuosos contra la población".
Para Clemente Valdés "en la Constitución no existe una prohibición para que el Ejército participe en una acción tan necesaria como es el combate a las bandas dedicadas al narcotráfico, ya que es una entidad como todas las otras instituciones públicas: tiene como única razón de existir el servicio a la población. Sin embargo, eso no justifica ningún caso en que se cometan abusos o atropellos".
Por ello, propuso que "los militares que cometan actos ilícitos sean investigados en caso de que exista el menor indicio, que sean sancionados con mayor severidad que los civiles, porque las acciones que vulneran los derechos elementales en este momento minan la seguridad y la confianza de la sociedad que, por primera vez en muchos años, necesita de ellos para no caer en una guerra entre pandillas que puede fragmentar al país".