No nos corresponde fincar responsabilidades por el ilícito: Córdova Villalobos
La Ssa firmó pacto que exentaba del pago de impuestos a tabacaleras
El convenio también violaba el derecho de los mexicanos a la protección de la salud
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José Angel Córdova, secretario de Salud, admitió que podría firmar acuerdos de colaboración con las industrias tabacaleras. El funcionario participó ayer en un acto por el Día Mundial sin Tabaco
Foto: Víctor Camacho
El convenio entre la Secretaría de Salud (Ssa) y la industria tabacalera violó derechos fundamentales de los mexicanos, como el de la protección de la salud; creó un privilegio fiscal en beneficio de dos empresas y hubo, además, una invasión de facultades por parte de la dependencia federal que, de acuerdo con la Constitución, corresponden al Poder Legislativo, afirma un análisis jurídico de expertos de las universidades Nacional Autónoma de México e Iberoamericana.
Resalta, entre otras irregularidades, que la aportación voluntaria de las tabacaleras, de un peso por cada cajetilla vendida, sería deducible de impuestos, lo que en realidad se tradujo en una exención a los impuestos regulares. De esa manera, el convenio que estuvo vigente durante dos años, obligó al Estado a crear un privilegio fiscal que favorecía a dos compañías, con lo que se violó el artículo 28 constitucional que prohíbe la exención de impuestos.
No obstante, para el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, a esta dependencia "ya no le corresponde" fincar responsabilidades ni investigar más sobre el asunto. "Ahorita ya no", dijo ayer, al término de la ceremonia conmemorativa del Día Mundial sin Tabaco.
En apresurada entrevista señaló que "su tiempo (el del convenio) ya fue, estuvo expuesto a los poderes (de la Unión), entonces ahora ya no corresponde" hacer nada por el daño que se haya podido ocasionar a la población.
De acuerdo con el análisis realizado por Alejandro Madrazo-Lajous, doctor en derecho, y José Luis Zambrano-Porras, licenciando en derecho, existe un "cúmulo considerable de focos rojos a todos los niveles normativos", que van desde la Constitución, tratados internacionales, leyes y reglamentos, que no se respetaron con el convenio suscrito en junio de 2004.
Inclusive, señalan que "cuando desde el Estado, asumido como principal garante de la salud pública en México, se incurre en este tipo de faltas ante la normatividad vigente en la materia, cabría esperar algún tipo de reacción legal en contra".
El análisis de los especialistas y publicado en la revista Salud Pública de México del mes de mayo, menciona que el acuerdo con las tabacaleras pudo haber obstruido la facultad reguladora de la Ssa para adoptar políticas encaminadas a reducir el consumo de tabaco, así como para procurar un ambiente sano y libre de humo de cigarro.
Ayer, el secretario Córdova Villalobos reiteró que no se firmará ningún tipo de convenio con la industria tabacalera. Habrá, dijo, acuerdos de colaboración, de trabajo, pero nada más.
Comentó que a raíz del mencionado convenio, la Ssa recibió una aportación de 4 mil millones de pesos que se están aplicando a la construcción y ampliación de hospitales, en los tratamientos médicos de las mujeres que tienen cáncer cérvico uterino y la leucemia infantil, entre otros.
Al inicio de la administración, Córdova había señalado que la Ssa no había recaudado lo que se había acordado con la industria. Dijo, en ese entonces, que había "un faltante", pero ayer aseguró que prácticamente se completó la cantidad acordada, de 4 mil millones de pesos.
Luego planteó que la transparencia debe ser una prioridad y con compromisos como éste, en el que los recursos no se manejan por medio de los impuestos, "da pauta para que pueda haber malos entendidos". Por eso, aunque financieramente no le convenga a la Ssa, cualquier recurso adicional se manejará mediante impuestos.
Por otro lado, es cierto -dijo-, que el acuerdo retrasó algunas acciones previstas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, como la inclusión de pictogramas en las cajetillas. "Vamos a insistir que sea más pronto", y subrayar que a la autoridad le corresponde exigir el cumplimiento de la normatividad.
Durante el acto, efectuado en la sede de la Ssa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Avila, mencionó que algunas de las metas establecidas en la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud son un verdadero reto para México.
Es el caso de garantizar espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, que significa proteger a los 80 millones de mexicanos que no fuman, pero están expuestos a esta contaminación. Implica, señaló, una vigilancia estricta para que la normatividad se cumpla, así como un cambio en la permisividad social.