Declaratoria del seminario internacional sobre el tema
"La libre expresión, deseo no satisfecho en México"
La sociedad no ejerce plenamente sus derechos: Concha
Ampliar la imagen
Miguel Concha leyó las conclusiones del encuentro
Foto: María Meléndrez Parada
Los derechos a la verdad, a la información y a la libre expresión "siguen siendo un desafío y una aspiración no satisfecha en México", se apunta en la declaratoria final del seminario internacional El derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión.
Por ello, los convocantes al encuentro acordaron "revisar y complementar" el marco jurídico que rige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, al igual que la de defensores de derechos humanos para armonizarlas con las recientes recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), garantizar la seguridad de los profesionistas que ejercen dichas tareas y castigar e investigar los agresiones en su contra.
En el seminario -convocado por organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos capitalina y el Centro Nacional de Comunicación Social- participaron investigadores, defensores de derechos humanos y periodistas. El tema principal fue la problemática que enfrentan los activistas y los profesionales de la comunicación y la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de ambas profesiones.
En la declaratoria final, pronunciada por Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, se expresa que la sociedad mexicana "no goza del ejercicio pleno de sus derechos humanos, y en algunos casos vemos signos preocupantes o alarmantes de retroceso o riesgo en su disfrute, (como) en materia de seguridad, libertad de expresión y acceso a la información, derecho a la manifestación y movilización social".
Debido a la "preocupante" situación que enfrentan periodistas y defensores de las garantías fundamentales, los participantes se pronunciaron por "respaldar" la tarea desarrollada por éstos, "en su valiosa contribución para satisfacer los derechos a la verdad, a la información y a la libre expresión".
Asimismo, acordaron exigir al Estado mexicano que adopte "de manera urgente" medidas concretas para garantizar y facilitar el ejercicio libre de la promoción y protección de los derechos humanos, y condenaron los crímenes contra periodistas y activistas, así como los actos que impiden o dificultan el libre ejercicio de estas profesiones.
Sanción para agresores
En la declaratoria final también se incluye exigir a las instituciones mexicanas una respuesta eficaz para identificar y sancionar a los responsables de las agresiones sufridas por reporteros y defensores de los derechos humanos, así como adoptar medidas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Los participantes también demandan que las autoridades del país cumplan con las recomendaciones de la CIDH en torno a la problemática que enfrentan los profesionistas de ambas ramas; impulsar medidas legislativas que fortalezcan el marco constitucional en materia de derechos humanos, a fin de garantizar la libre expresión, y que se amplíe el uso de los medios de comunicación hacia fines sociales, culturales y oficiales.
Además exigen la apertura de señales televisivas y de frecuencias radiales "para ofrecer acceso a actores y sectores sociales que históricamente han sido excluidos del uso de los medios".
Agregaron también que se articularán esfuerzos entre la sociedad civil para crear y potenciar redes de apoyo, promoción, información, reacción inmediata y seguimiento jurídico ante hechos que atenten contra el trabajo de activistas y reporteros, entre otros acuerdos.
En su turno, Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de La Jornada, señaló que México se enfrenta a una "infausta paradoja", debido a que en este momento atraviesa "por la más grave crisis" en materia de derechos humanos que se recuerde en años.
Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería ser la institución que haga frente a dicha crisis; sin embargo, actualmente "no sólo es inoperante, sino claramente facciosa".
El órgano que debe ser moralmente responsable de frenar o al menos documentar la impunidad y las violaciones que comete cotidianamente el poder contra dichas garantías "está más desprestigiado que nunca", señaló.
Agregó que aunque "José Luis Sumisiones (Soberanes)" no quiera escuchar la señal de alarma que genera la situación de los derechos humanos en el país, ésta se está extendiendo dentro y fuera de territorio nacional, "porque las llamas nos devoran a todos".
Previamente, en su conferencia magistral, la periodista Carmen Aristegui sostuvo que cuando se enfrenta al conflicto de que la información que posee le "pega" a su medio, el profesional de la información tiene que ver antes por el derecho del público a ser informado que por el interés de la empresa para la cual trabaja.
Ante las constantes agresiones contra periodistas, exhortó al gremio en general y a los medios de comunicación a unirse más allá de la búsqueda de la nota exclusiva para formar un frente común contra la impunidad.