Espionaje, parte de un plan que busca eliminar a disidentes
El financiamiento a programas de espionaje telefónico y de correo electrónico, como parte de los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y México, forma parte de un modelo "ultraneoliberal" que busca controlar "cualquier disidencia, y no el combate al narcotráfico u otra actividad ilícita", aseguraron especialistas en derechos humanos y seguridad pública.
Fernando Tenorio Tagle, criminalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que "no nos debería extrañar que un gobierno de derecha busque regresar a la época de los años 60 del siglo pasado, cuando era más peligroso ser estudiante que delincuente, o como en la época de las grandes dictaduras y la aplicación del Plan Cóndor en el cono sur, pues en los hechos lo único que buscaban es la eliminación del otro, y no el respeto a la legalidad".
Lo grave, indicó, es que se les da "mano libre" a instituciones del Estado para "hurgar" en la vida privada de los ciudadanos, sean delincuentes o no, con total impunidad, sin descartar que el verdadero objetivo sea "reforzar el control sobre cualquier movimiento o líder disidente que, sin haber cometido ningún acto ilícito, simplemente esté en manos del sistema".
El derecho penal, aseguró, siempre se ha utilizado como una política de exclusión bajo dos sistemas, "uno de asimilación y otro de eliminación, pero en épocas recientes pasamos a un proceso de radicalización de la fase de asimilación a la de eliminación, donde se busca no sólo la exclusión, sino la destrucción del otro, característica que identificamos en los procesos de seguridad y control como los que impulsa el gobierno de Estados Unidos".
"Retroceso espantoso" en materia de derechos humanos
Por su parte, Agustín Pérez Carrillo, especialista en derechos humanos y seguridad pública, afirmó que este tipo de "apoyos", así como la legislación en contra de la delincuencia organizada, representan un "retroceso espantoso" en materia de derechos humanos, porque es el propio gobierno federal quien "nos están enseñando que el uso de la fuerza y de la violación a los derechos elementales es el camino para combatir la delincuencia".
La decisión de compartir información con autoridades estadunidenses obtenida con sistemas de espionaje es una forma más de "entreguismo total al modelo más radical de neoliberalismo que encabeza Estados Unidos", a pesar de que estas acciones "van más allá del marco legal y del respeto a la vida y la privacidad de los ciudadanos".
En México, aseguró, enfrentamos una "hiperinflación legislativa" con la que se crean leyes para el combate a la delincuencia, la protección de los derechos de la mujer o los discapacitados, pero que en los hechos son "letra muerta, y en la mayoría de los casos son verdaderos obstáculos para garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos, pues la aplicación de programas espía revela que el respeto al estado de derecho es más una retórica que una realidad".