Ciudad Perdida
El TSJDF, barril sin fondo
Lo injusto de administrar justicia
Jueces y magistrados: vivir de fianzas
La ambición de quienes toman las decisiones en el Tribunal Superior del Justicia del Distrito Federal y su órgano fiscalizador, el Consejo de la Judicatura, ambos bajo el mando del magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez, rompió el saco y la paciencia de otras instancias de gobierno, que ya iniciaron una investigación para explicar el enriquecimiento de ese organismo que acumuló hasta la fecha más de 2 mil millones de pesos, en dos operaciones que si bien no han sido calificadas de ilegales, a todas luces son deshonestas.
Cuentan por ahí que no hace mucho, Mario Delgado Carrillo, el encargado de las finanzas del gobierno de la ciudad, cara a cara indicó contundente al presidente magistrado Carrera Domínguez: Regrese el dinero y después, si se quiere formar un fondo de retiro para los jueces y los magistrados bajo su mando, vamos a buscar, junto con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un mecanismo transparente para crear ese fondo.
Carrera Domínguez, que entre otras linduras es quien permitió el cambio de juez para que Carlos Ahumada Kurtz quedara libre, dice que los magistrados y los jueces "han trabajado mucho" y que merecen recibir muy buen dinero en su retiro.
Esta primera parte se refiere a la retención de impuesto sobre la renta (ISR) que realizó el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a 9 mil 500 trabajadores del poder judicial de la ciudad, para crear un fondo de retiro que beneficiara a 250 jueces y 70 magistrados, dinero que se acumuló durante los años 2003, 2004 y 2005 y que frisa los 400 millones de pesos.
Ese dinero tendría que regresarse porque, aunque fue una resolución que tomó Vicente Fox para beneficiar a los hombres del poder judicial de todo el país, en el DF se firmó al final de la administración de Alejandro Encinas, es decir, en 2006, pero la retención de los dineros de los trabajadores, se inició, como dijimos, en 2003.
Después, hace apenas unas semanas, se supo que los recursos económicos que se generan por el pago de las fianzas de procesados y sentenciados, y algunos otros conceptos, han ido a parar a manos de quienes ha querido beneficiar el Consejo de la Judicatura y el tribunal. Los dineros que han ido a para al Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia suman, desde 1996, cuando se inició, y hasta marzo de este año, casi 2 mil millones de pesos.
En este caso el problema es que esos dineros deberían haberse dedicado, según el decreto que le dio sentido legal, a cuando menos ocho diferentes rubros, la adquisición de inmuebles o la reparación de equipos, entre ellos, pero también para otorgar estímulos al personal del tribunal. Lo malo es que sólo se han usado para este último rubro.
Total, que parece que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia del DF no tienen llenadera. Se supone que de estos organismo debería salir el ejemplo más claro de honestidad y transparencia, pero el máximo funcionario de los organismos ha buscado, incluso en las oficinas del gobierno central, dejar las cosas como están, es decir, pretende seguir repartiendo esos dineros, que por otro lado no son auditables ni se rinde cuenta de ellos a ninguna instancia, con completa libertad, o mejor dicho, como se les pegue la gana.
Rivera Domínguez, aunque no sea reo de delito, ha mostrado una ambición sin limites. La forma de aprovecharse de las fallas en la ley para sacar provecho para él o para otros, pero siempre bajo su anuencia, no parece ser la mejor manera de llevar los organismos de justicia que encabeza. A eso no se le puede llamar justicia.