ISSSTE: la "reforma" no persuadió
Si Calderón y sus tecnócratas hacendarios calcularon un gran impacto con su inconsulta e impuesta "reforma" al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), muy pronto las reacciones los volvieron a la cruda realidad y los forzaron a ajustar sus expectativas a la baja.
Después de que Francisco Gil Díaz y su equipo foxista (el subsecretario Alonso García Tamés, hoy en Banobras; José Antonio González Anaya, director general de Seguros y Valores, hoy responsable de la Unidad de Coordinación de las Entidades Federativas en Hacienda, así como el subgobernador del Banco de México, Everardo Elizondo; Javier Beristáin Iturbide desde la Afore XXI, y Pedro Vázquez Colmenares, subdirector general de Finanzas del ISSSTE con Fox y ahora subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales) repitieran hasta el cansancio que resultaba insostenible la presión sobre las finanzas públicas por el déficit actuarial y el flujo de caja del instituto, el calderonista Agustín Carstens desembarcó en Hacienda declarando al ritmo de la misma melodía.
Apenas desempacando los bártulos que lo acompañaron en Washington DC como alto jerarca del FMI, Carstens sostuvo que una de sus "preocupaciones" era la "presión" fiscal que representa el sistema de pensiones: "si uno toma en cuenta la deuda, los pasivos contingentes que tiene el gobierno a través del sistema de pensiones, pues sí, es una deuda que hay que tomar muy en serio. Preocupa para el largo plazo y por lo mismo tenemos todavía tiempo de enfrentarla pero hay que empezar a hacerlo ya".
El siguiente paso de Carstens fue emblemático: siguiendo "instrucciones" de Calderón, pactó con Elba Esther Gordillo la "reforma" del ISSSTE "al margen del Congreso, porque el ISSSTE es del magisterio", como reconociera ella misma (Reforma, 21.3) y ratificara su cercano operador, Rosendo Galíndez (El Universal 22.3).
Pero los impactos que tanto acariciaban Calderón y su tecnocracia transexenal nunca llegaron. Y los que lo hicieron no les resultaron especialmente alentadores. Impuesta la "reforma", la calificadora Moody's observó que la aprobación era "buena", pero no suficiente para que la calificación de la deuda de México "sea revisada al alza". Por su parte, Standard & Poor's puntualizó: "puede ser útil para la clasificación de deuda soberana BBB, pero la perspectiva sigue sin cambios en estable". La más entusiasta, Fitch Ratings, revisó al alza la perspectiva de la calificación crediticia, después de lo cual Roberto Galván, de la consultora Vanguardia Investment, tildó de guerra sucia la opinión de Fitch para "presionar" a que otras calificadoras "hagan lo mismo" y cuestionó que "la calificadora con menor prestigio y número de clientes -de las tres más importantes que operan a escala mundial- haya sido la que elevara la calificación para México y que el gobierno haga tanta perorata con ello, cuando con la reforma al ISSSTE sólo los grandes corporativos resultarán beneficiados".
Las cosas no pararon ahí. Sólo 20 días después de la promulgación de la inconsulta nueva Ley del ISSSTE, la calificadora Moody's manifestó que le resultaba "extraño" que la aprobación de la reforma del ISSSTE no tuviera "una mayor aceptación social" y sugirió algunos "requisitos" para la "aprobación" de otras reformas calderonistas. En primer término, sostuvo, debe cursarse "un trabajo político de mayor calidad" porque "un mayor consenso social" en torno a las reformas necesariamente demanda "tres ingredientes fundamentales" por parte del gobierno: mejor poder de convencimiento, mayor sensibilidad política y social, así como un intenso trabajo de promoción y comunicación de sus "beneficios" a toda la sociedad. Días después, Merrill Lynch agregó -con timidez- que la medida es "positiva para la solvencia fiscal".
Y ello a pesar del manifiesto apoyo que, en diferentes momentos, le anticiparon a la "reforma" legisladores panistas y priístas de la LX Legislatura, el Banco Mundial, BID, Concamin, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), MetLife, DIF (con Ana Rosa Payán) y hasta el SNTISSSTE, quien estableció (en diciembre de 2006) que estaba dispuesto a analizar una posible modificación de algunos parámetros del régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores, siempre y cuando la reforma fuera integral e incorporara un nuevo esquema financiero para que el gobierno federal aportara al ISSSTE como lo hace al IMSS desde hace una década.
Entonces Miguel Angel Yunes se vio forzado a salir al quite. Reunido con corresponsales extranjeros -y con actitud de gran conocedor del asunto- afirmó que el gobierno mexicano prevé reducir, en un año, el déficit público de 2.9 a 2.4 por ciento del PIB con el "nuevo" régimen de jubilaciones y pensiones basado en cuentas individuales porque, de continuar el antiguo sistema, se "estimaba" que en 2015 el gobierno "no podría" pagar las pensiones. Mientras, Calderón insistía en que su "reforma" inconsulta e impuesta valía ¡26 por ciento del PIB!
Y ello sin siquiera entrar a considerar aún que el costo fiscal del periodo de transición de la "reforma" -finalmente visible- ya anuncia que saldrá mucho más cara que la operación inercial de la ley abrogada (1983) por Calderón gracias a su "mayoría aritmética".
Técnicamente muerta, cara, socialmente insensible e incapaz de persuadir, la "reforma" calderonista se dirige directamente al fracaso y habrá que reformarla urgentemente junto con su horrorosa gemela: la que Zedillo impuso al IMSS en 1995. Dado que él la impuso, ¿cuándo ordenará Calderón que sus tecnócratas transexenales inicien los estudios para reformarla? ¡Mientras más pronto mejor!
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco