La próxima semana comenzarán audiencias del caso
Jueces y magistrados, entre quienes tramitaron el recurso contra reformas
Los amparos contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no fueron solicitados sólo por empleados públicos sindicalizados, sino también por funcionarios de primer nivel del Gobierno del Distrito Federal (GDF), así como por jueces y magistrados federales y del fuero común.
De acuerdo con fuentes judiciales de alto nivel cercanas al caso, horas antes de vencer el plazo legal para interponer las demandas de amparo contra esa ley al menos 300 empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), habían hecho la solicitud respectiva.
En un hecho inédito, por lo menos una decena de jueces y cinco magistrados de circuito, varios secretarios de acuerdos, actuarios y oficiales judiciales, así como empleados administrativos del PJF, presentaron sus respectivas demandas. Algo similar sucedió con empleados del CJF.
Además, funcionarios de la administración del titular del GDF, Marcelo Ebrard, entre ellos Martí Batres y Benito Mirón Lince, así como el dirigente perredista Raúl Escobar, forman parte de la lista de más de cien mil burócratas quejosos que buscan la protección de la justicia federal.
Asimismo, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Policía Judicial del Distrito Federal y de las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial acudieron a la demanda de garantías, indicaron las fuentes consultadas.
Sobre la petición de amparo que han hecho impartidores de justicia, los informantes revelaron que existe consenso entre jueces y magistrados respecto a que las modificaciones a la Ley del ISSSTE afectarán por igual a empleados de reciente ingreso que a quienes tienen varios años al servicio del Estado.
Por la tarde, un centenar de personas se concentró en las instalaciones del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde tiene su sede el juzgado especial encargado de revisar los amparos contra dicha ley, para exigir imparcialidad a la autoridad encargada de resolver los juicios.
Durante el mitin, los abogados Eduardo Miranda Esquivel, de la Unión de Juristas de México, y Román Vázquez, del Frente Obradorista, explicaron que la próxima semana comenzarán las audiencias a partir de las cuales se explorará el fondo de las demandas.
De acuerdo con los litigantes, se alcanzaron 300 mil peticiones de amparo en tres semanas, aunque información extraoficial proporcionada por fuentes del CJF sólo reconoce unas 120 mil demandas tramitadas y en curso.
En el primer minuto de este viernes venció el plazo legal para interponer las demandas de garantías, y de acuerdo con registros judiciales consultados por este diario, el juzgado especial ha concedido más de 6 mil suspensiones provisionales a burócratas inconformes con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE.