Editorial
CNDH: el Ejército no es policía
Las declaraciones emitidas ayer por José Luis Soberanes Fernández, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), confirman los señalamientos contra diversos cuerpos de seguridad civil y militar por violaciones a las garantías individuales en Michoacán. Se ratifica, así, lo que han afirmado desde hace tiempo numerosos sectores sociales, políticos y académicos, y que se ha retomado en este espacio: la improcedencia de desplegar instituciones militares en el combate al narcotráfico.
Ante las 52 denuncias recibidas por la CNDH -entre las que se cuenta la violación de cinco mujeres, cuatro de ellas menores de edad, por elementos del Ejército-, se pone de manifiesto la incongruencia del gobierno y de su argumento central para justificar el uso de las fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia organizada: la necesidad de hacer respetar la ley y sancionar a quienes la quebrantan. Porque constituyen también actos que violentan el estado de derecho la tortura, la destrucción de viviendas, o bien su allanamiento sin que medie una orden judicial; la aniquilación física de un delincuente que debe ser detenido y juzgado; la imposición de facto de un estado de excepción y la suspensión de garantías individuales sin satisfacer las condiciones previstas en la Constitución y las leyes para tal efecto. No sólo es el crimen organizado, pues, el que viola la ley: también lo hace el gobierno, y de manera mucho menos aceptable, toda vez que su principal tarea es cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales.
Cada vez que se recurre a la fuerza armada para desempeñar funciones que le son ajenas, el resultado es casi invariablemente un cúmulo de atropellos contra civiles inocentes. Sin pretender la impunidad para los uniformados implicados, debe señalarse que la responsabilidad última por tales violaciones a los derechos humanos corresponde a los mandos civiles, que son los que dan las órdenes: no son los soldados quienes toman la decisión de desplegarse en una localidad o de copar una ciudad, sino que obedecen a sus superiores. A fin de cuentas, los gobernantes en turno encomian regularmente, y con motivo, la disciplina de las instituciones castrenses y su acatamiento de la autoridad política.
El Ejército, sin embargo, no está capacitado para enfrentar un problema tan complejo como el narcotráfico. No resulta extraño que cuando el trasiego de drogas ilícitas es definido de manera simplista y superficial como "el" enemigo -definición que realizan, cabe insistir, las autoridades civiles y no las militares- se mete en el mismo saco -el que corresponde a un enemigo de guerra- a campesinos depauperados que siembran de mariguana y a capos de alta peligrosidad.
Como lo señala el ombudsman nacional, las fuerzas armadas no están capacitadas para desempeñar tareas policiales, y no tienen por qué estarlo: no les compete conocer las sutilezas de la ciencia criminalística, la investigación y los procedimientos de la inteligencia policial. Su tarea central es enfrentar y derrotar a fuerzas enemigas que amenacen la integridad y la soberanía nacionales.
Para colmo, los sucesos recientes parecen indicar que, además de improcedente, el despliegue de soldados para patrullar las calles es inútil: así lo sugiere el reciente atentado contra José Alfredo Zavala Pérez, director de Seguridad Pública de Apatzingán, el mismo municipio michoacano en el que la semana pasada elementos del Ejército y presuntos narcotraficantes se enfrentaron en una batalla en la que los primeros sacaron a relucir armamento de artillería.
La actual administración debe escuchar a la CNDH y entender que el empleo de las fuerzas armadas con fines policiales es un error estratégico monumental.