En 2005 Hacienda y SAT elaboraron listado de personas políticamente expuestas
El foxismo también investigó cuentas de funcionarios federales y estatales
El propósito, determinar si los fondos no tenían origen ilícito o eran destinados al terrorismo
Incluyó a ministros, magistrados, secretarios de Estado y gobernadores
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) configuraron una lista de funcionarios de alto rango de la administración pública federal y estatal, durante el sexenio de Vicente Fox, a los que consideró personas políticamente expuestas (PEPs) y que podrían, en ese caso, ser investigados para determinar si sus cuentas bancarias y operaciones financieras no tenían origen ilícito o estaban destinadas a financiar el terrorismo.
Aun cuando la lista se integró en julio de 2005, fue tres meses y medio antes de las elecciones presidenciales, el 18 de abril de 2006, cuando el SAT liberó un apartado de algunos de esos nombres para solicitar a "los centros cambiarios y transmisores de dinero" que investigaran sus cuentas y transacciones para determinar si podían encontrarse operaciones con recursos ilegales.
Sin embargo, se mantiene la confidencialidad de a qué funcionarios se dio seguimiento, y el tipo de información recabada se consideró "de carácter reservado".
Espiar a funcionarios, la orden
Al igual que hizo con los candidatos a diputados y senadores de la actual Legislatura, la administración foxista decidió espiar a un grupo de funcionarios, como indica la comunicación del 20 de julio de 2005, que puede ser consultada en la página de Internet del SAT.
En la sección Trámites financieros. Avisos importantes, el órgano recaudador señala:
"Se determina que la lista inicial de PEPs estará integrada por los puestos
de los servidores públicos contemplados en el artículo 110 de la Constitución."
Lo anterior se refiere a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los secretarios de Estado, al jefe de Gobierno del Distrito Federal -entonces Andrés Manuel López Obrador-, los procuradores general de la República y del Distrito Federal, así como a los gobernadores de los estados, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, a los consejeros de la Judicatura, los asambleístas, magistrados de circuito y jueces del fuero común; directores generales y diputados locales. También instruyó que se incluyeran a los secretarios de Finanzas y de Gobierno de los estados, que no están contenidos entre los funcionarios referidos en la Constitución.
Más aún, la política hacia este grupo de servidores públicos determinó que se les consideraría políticamente expuestos hasta un año después de concluir sus funciones.
Y agregó: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, si así lo estima procedente, incluir funcionarios adicionales, los cuales serán comunicados a la Asociación de Bancos de México (ABM), a través de oficio como ampliación a la presente lista".
Además, determinó que el manejo de dicha información sería definida "de acuerdo a la política interna de cada banco", y que los funcionarios de cada institución financiera con acceso a los datos "deberán otorgarle tratamiento confidencial y únicamente podrá ser utilizada con el objeto de conseguir la identificación del cliente".
Asimismo, el SAT acotó que aquella lista no podía ser considerada limitativa, sino que constituyó "un catálogo mínimo, por lo que los sujetos obligados pueden elaborar sus propias listas o enriquecer las mismas".
Una vez determinados los nombres y cargos de los funcionarios, el 18 de abril de 2006 el SAT giró una nueva circular para que los centros cambiarios y transmisores de dinero "puedan consultar una lista que contiene algunos de los nombres de las PEP's" para investigarlos.
Giró entonces la siguiente instrucción: "a efecto de que puedan determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de cada uno de los sujetos (sic) incluidos en dicha lista, y en su caso reporten aquellas operaciones que por sus características puedan estar relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento".
La relación de funcionarios investigados se amplió el 23 de mayo siguiente, con el mismo propósito de encontrar posibles movimientos ilegales. Más aún, el 13 de junio de 2006, cuando faltaban 20 días para las elecciones presidenciales, el SAT acordó liberar "una lista adicional a la dada a conocer por este medio en el aviso de fecha 23 de marzo de 2006".
Posteriormente, el 12 de julio, es cuando da a conocer las listas definitivas de candidatos a diputados y senadores a la LX Legislatura, a los que se indagaron también sus cuentas bancarias.
Sin embargo, la investigación que emprendió el gobierno foxista no paró ahí. El 26 de julio del mismo año volvió a liberar otra lista adicional a la "de cargos cuyos titulares podrían ser considerados como personas políticamente expuestas".
Uso electoral: PRI
Ayer, después de que este diario publicó que la administración foxista indagó los movimientos financieros de los candidatos a diputados y senadores, el coordinador del sector popular del PRI, Marco Antonio Bernal, expresó su indignación por lo que definió como "una extrema ilegalidad de Fox, quien utilizó a las instituciones del Estado con fines electorales.
"Es una barbaridad. No se sabe qué hicieron con la información, pero la recabaron de manera totalmente ilegal, y es grave que el Estado mexicano haya actuado así", dijo.
Por su parte, el vocero de la fracción perredista, Luis Sánchez, insistió en que el gobierno federal violó las disposiciones del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, donde se establece que la documentación relativa a las operaciones y servicios de la banca tendrán carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito están obligadas a resguardarla.
En todo caso, dijo, si el gobierno federal tenía sospechas sobre el manejo de algunas cuentas, tendría que haber actuado por conducto de la Procuraduría General de la República y, tratándose de candidatos, la instancia correspondiente era el IFE.