En 2006 pidió a SHCP indagar cuentas bancarias de los 2 mil 650 aspirantes al Congreso
Ordenó Fox investigar a candidatos por posibles transacciones con dinero sucio
Operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento, objetivos de la pesquisa
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FOTO José Antonio López
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El ex presidente Vicente Fox Quesada y un grupo de diputados federales. Imágenes de archivo
Foto: Francisco Olvera
El gobierno de Vicente Fox Quesada, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenó investigar en julio del año pasado las cuentas y movimientos financieros de los 2 mil 650 candidatos de todos los partidos políticos a senadores y diputados, para buscar posibles transacciones ''que por sus características puedan estar relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento''.
La intervención se hizo sin el conocimiento y, por lo tanto, sin la aprobación de los candidatos, y constituyó una violación al secreto bancario, explicó el vocero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Luis Sánchez Jiménez.
Además, resaltó, este tipo de investigaciones deben tener el aval de la autoridad judicial correspondiente, por lo que se dará seguimiento al caso para presentar una demanda en contra de los funcionarios que ordenaron y llevaron a cabo la indagatoria ilegal a las transacciones financieras de los candidatos.
En julio de 2006, diez días después de las elecciones, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) emitió el oficio-circular SF-51/06, en el cual señala que los candidatos a diputados y senadores ''encuadran en la definición de personas políticamente expuestas, en términos de las disposiciones de carácter general, en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo''.
El oficio tiene un anexo con las listas definitivas de candidatos, y en ellas se incluye a los actuales presidentes de las dos cámaras del Congreso, Manlio Fabio Beltrones y Jorge Zermeño Infante, así como a los hoy presidentes de las dos juntas de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón y Santiago Creel Miranda, y también a los coordinadores parlamentarios.
La solicitud, firmada por Manuel Sergio Aguilera Verduzco, presidente de la CNSF, está dirigida a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas.
El funcionario señaló entonces que la Dirección General Adjunta de Normatividad y Relaciones Nacionales e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, solicitó a la comisión entregarle los listados definitivos de candidatos.
Además, se les requirió la siguiente información:
''Determinen si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de cada uno de los sujetos (sic) incluidos en dichos listados. En su caso, reporten por conducto de esta comisión, a la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la regulación aplicable, aquellas operaciones que por sus características puedan estar relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento''.
La información obtenida, de acuerdo con los avisos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su página de Internet sobre operaciones financieras dudosas, se consideró ''de carácter reservado'', por lo que quedó ''bajo responsabilidad de los sujetos obligados el uso de la misma''.
En la lista que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas entregaron para investigar sus operaciones están personajes panistas como el ex secretario de Gobernación y secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del partido blanquiazul, Carlos Abascal Carranza; el ex jefe de la Oficina de la Presidencia, Ramón Muñoz, así como los actuales secretarios de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, y de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche.
También se investigó a la actual candidata del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; a sus compañeros José Murat, Carlos Rojas Gutiérrez; al tesorero del sindicato petrolero, Ricardo Aldana Prieto, y al dirigente del sector popular priísta, Marco Antonio Bernal, entre otros.
De la coalición Por el Bien de Todos, la indagatoria incluyó a los actuales senadores perredistas Pablo Gómez Alvarez, Leonel Godoy Rangel y Arturo Núñez, al coordinador parlamentario, Javier González Garza, así como al vocero de la fracción del sol azteca.