En riesgo de desaparecer con la reforma: académico
"Buen momento para rescatar a medios de comunicación públicos"
La propuesta de modificación a las leyes federales de Radio y Televisión (LFRT) y de Telecomunicaciones (LFT), presentada el viernes pasado por el ministro de la Suprema Corte Salvador Aguirre Anguiano, no toma en cuenta el "daño" que representa para los medios de comunicación públicos mantener los privilegios del duopolio televisivo formado por Televisa y Tv Azteca, coincidieron en señalar especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista con La Jornada, Rafael Reséndiz Rodríguez aseguró que si no se aprovecha este momento para declarar inconstitucional la denominada ley Televisa, las radios comunitarias y los medios del Estado corren el riesgo de desaparecer. "Si antes las vimos morir poco a poco, con este marco legal la muerte de las permisionarias será de golpe", subrayó el académico.
Explicó que los medios públicos son los únicos espacios con los que cuenta la sociedad para tener una opción de contenidos culturales, formativos e informativos, alejados de los contenidos comerciales que difunden las televisoras encabezadas por Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego.
Por separado, Alma Rosa Alva de la Selva, también especialista de la UNAM, señaló que "es un buen momento para defender e impulsar los derechos ciudadanos en materia de comunicación", mismos que Televisa y Tv Azteca "han tomado como suyos". Añadió que en el caso de los permisionarios, éstos quedan fuera de integrarse a la convergencia tecnológica que promueven las autoridades del ramo.
Ambos coincidieron en que la Corte tiene en sus manos la oportunidad de sentar un precedente en el país si se toman en cuenta las iniciativas ciudadanas que se han generado desde que se iniciaron las discusiones sobre el futuro de las telecomunicaciones en el país, sobre todo, como en este caso, cuando se trata de la explotación del espectro radioeléctrico.
Reséndiz Rodríguez agregó que es "tremenda" la desventaja competitiva en la que se encuentran las radios comunitarias, los canales televisivos del Estado -que no del gobierno, puntualizó-, como el 11 y el 22, y los que han sido concedidos a las entidades federativas, ya que de ninguna manera pueden enfrentarse a los capitales del duopolio televisivo.
Además, indicó, cuentan con severos atrasos en materia de contenidos, los cuales en muchas ocasiones nada tienen que ver con la realidad de las poblaciones en los que se difunden, por lo que se debería cobrar bien los impuestos y establecer precios justos en las grandes cadenas, para con ello financiar el desarrollo de estos medios de comunicación, que "harían lo que ellos no hacen, cumplir con su función social".
Esto en referencia al artículo 28 de la ley, que no obliga a los concesionarios a pagar una contraprestación por la explotación del espectro sobrante para ofrecer servicios adicionales.
Organos reguladores limitados
Por su parte, las comisiones federales de Competencia Económica (CFC) y de Telecomunicaciones (Cofetel) no han querido actualizar su postura ante la propuesta hecha por el ministro de la Corte.
La única referencia que existe sobre el asunto es la opinión emitida por la CFC, en la que exige a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tomarle en cuenta en el momento de licitar el espectro. Por su parte la Cofetel ha manifestado que esperará a que los ministros decidan sobre el futuro del sector.
Al respecto, Alva de la Selva enfatizó la necesidad de revisar la participación de los reguladores en las decisiones sobre la explotación de los recursos del Estado, como son las redes públicas de telecomunicaciones, pues hasta el momento "sólo ha quedado demostrado que son organismos hecho a modo de los intereses de las grandes cadenas de medios de comunicación".