Editorial
EU: política migratoria infame
Conforme las autoridades de Washington avanzan en su delirante propuesta de sellar su línea divisoria con México para impedir el tránsito de trabajadores indocumentados -aunque el dispositivo fronterizo resulte irrelevante para cruces que realmente resultan peligrosos para ambos países, como el de drogas, de sur a norte, y el de armas, de norte a sur- se acentúan los peligros que deben enfrentar los connacionales y otros latinoamericanos que intentan internarse al territorio del país vecino. Ayer, el jefe de la Patrulla Fronteriza estadunidense, David Aguilar, afirmó en una videoconferencia con su embajada en esta capital que los despliegues de efectivos y los dispositivos tecnológicos en la zona fronteriza permitirán a Washington identificar y controlar a 95 por ciento de quienes pretendan cruzar sin visa la frontera, y dijo que las detenciones de indocumentados se han reducido, en lo que va de este año, 30 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que en estos primeros cuatro meses de 2007 han muerto 91 migrantes debido a los peligros que entraña evadir los dispositivos de la llamada "frontera segura" adoptados por Estados Unidos, y que el año pasado los decesos fueron 485.
Es claro que el control al que se refirió Aguilar no necesariamente implica impedir los cruces de indocumentados sino detectarlos. Es un hecho ampliamente demostrado que la economía del país vecino necesita, para impulsar su productividad y su competitividad internacional, del flujo de fuerza laboral procedente del sur del continente, y que una aplicación estricta de los controles fronterizos generaría una severa crisis de mano de obra en la economía más poderosa del mundo. No es gratuito que destacadas figuras políticas y medios informativos estadunidenses (Hillary Clinton; el alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, y The New York Times, entre otros) estén formulando severas críticas al endurecimiento migratorio que busca imponer el gobierno de George W. Bush en meses recientes, luego de que una amplia reforma en el tema se quedó, por escaso margen, en el tintero durante el pasado periodo de sesiones del Congreso de la nación vecina). Los borradores que circulan en la Casa Blanca contienen, en efecto, medidas draconianas para reducir las posibilidades de quienes se encuentran ya del otro lado de la frontera, tales como cobrarles cantidades exorbitantes de dinero para concederles la residencia o la ciudadanía, e impedirles que lleven a sus parientes más cercanos a vivir con ellos.
Esta es precisamente la clase de circunstancia a la que se refirió la semana pasada Amnistía Internacional en su informe Vivir en las sombras, en el que denunció la doble moral con que actúan diversos países ante los trabajadores extranjeros: "Muchos gobiernos que afirman públicamente la absoluta necesidad de excluir de su territorio a las personas migrantes en situación irregular están dispuestos a tolerar la existencia e incluso el aumento de mercados informales de mano de obra, que dependen en gran medida del trabajo de los migrantes irregulares".
No puede dejar de señalarse, cuando se habla de doble moral, la incongruencia del gobierno mexicano en esta materia. Mientras que de labios para afuera las autoridades nacionales condenan la persecución, los maltratos y los abusos que padecen nuestros connacionales en tierras estadunidenses, en el territorio mexicano se mantiene en vigor una persecución tanto o más feroz contra los migrantes centro y sudamericanos, asiáticos y africanos que hacen de México una ruta de tránsito en su intento por viajar a Estados Unidos. En este sentido, el elogio formulado por David Aguilar al gobierno de México por su empeño en reducir el flujo migratorio procedente del sur del Suchiate y con destino al vecino del norte, no debe ser visto como motivo de orgullo, sino de profunda vergüenza porque, en los hechos, las autoridades migratorias mexicanas han venido desempeñándose de manera cada vez más clara como subordinadas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.