Preocupante, situación de detenidos en marzo pasado
Exigen intelectuales y artistas liberar en Yucatán a manifestantes
Mérida, Yuc., 26 de abril. Un colectivo de escritores, intelectuales y artistas mexicanos exigió al gobernador Patricio Patrón Laviada la libertad de las 22 personas encarceladas y procesadas en el penal de Mérida por participar el 13 de marzo anterior en una marcha en repudio a la visita a Yucatán del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien se reunió con Felipe Calderón.
En un documento firmado por Paco Ignacio Taibo II, Carlos Monsiváis y Francisco Martínez Marcué, así como por los moneros de La Jornada, Rafael Barajas El Fisgón, José Hernández, Antonio Helguera y Bulmaro Castellanos Magú, se expresa la preocupación por la situación de los detenidos, así como violaciones en la impartición de la justicia.
El texto, distribuido a medios de comunicación locales y nacionales, señala que "a las arbitrarias detenciones de 48 personas -nada más quedan 22- siguieron otras violaciones a los derechos humanos, tales como tortura y malos tratos, incomunicación y negación del ejercicio de defensa adecuada, actos que fueron convalidados por los jueces de lo penal estatales, siendo sometidos a un proceso ilegal".
El colectivo precisó que el 19 de marzo, grupos de defensa de los derechos humanos solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado el desistimiento de las acciones penales en contra de los detenidos, basados en la fracción III del artículo 345 del Código Penal de Yucatán, con el argumento de que ningún proceso penal puede sustentarse en violaciones a las garantías individuales.
Ante la situación por la que atraviesan los detenidos, en su mayoría estudiantes universitarios, los firmantes del documento exigieron al gobierno del panista Patrón Laviada, evitar que prosiga "un proceso judicial injusto e ilegal, que cuestiona severamente la voluntad de respetar los derechos humanos de su administración.
"La libre manifestación de las ideas no puede ser objeto de ningún tipo de coacción física y moral, y criminalizar la libertad de expresión es un acto propio de estados autoritarios, razón por la cual las 22 personas detenidas deben ser puestas en libertad", culminaron los firmantes.