El pacto, ''medicina errónea'': molineros
El pacto para reducir el precio de la tortilla es ''una medicina errónea'' que sólo crea incertidumbre entre los consumidores, agricultores y molineros, dijo Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías.
Asentó que mientras los molineros e industriales de las tortillerías no accedan a una agricultura por contrato de maíz blanco, y la tonelada la sigan adquiriendo a 3 mil 200 pesos, no se les puede exigir que el kilogramo de la tortilla sea de 8.50 pesos.
Si los costos de producción no se reducen, el gobierno no puede referirse a un precio oficial ni obligar a quienes no se han sumado al pacto a dar el precio establecido en ese documento. ''Eso significa la quiebra inmediata de 4 mil tortillerías del país'', acotó.
Mencionó que ayer sostuvo una platica telefónica con el secretario de Economía, Eduardo Sojo, a quien nuevamente le propuso se apoye a los industriales de molinos y tortillerías para llegar a acuerdos directos con los productores de maíz blanco, pero ''el secretario guardó silencio'', relató.
No podemos competir con tiendas departamentales como Walmart y Comercial Mexicana, entre otras, que venden a 6 pesos el kilo de tortilla, pero al parecer la consigna gubernamental es ''darle en la torre a los pequeños comercios que se ven obligados a elevar los precios del alimento para sostenerse; por ello a nivel nacional el kilogramo en aquellos es de entre 11 y 12 pesos.
Los propietarios de las tortillerías de los barrios y colonias podrían reducir el precio hasta los seis pesos, siempre y cuando la tonelada de maíz se comercializara en 2 mil 800 pesos.
En Jalisco, comentó, algunos cerraron contratos de compra del grano en 2 mil 900 pesos, ''pero ahora con la firma del pacto no sabemos qué va a pasar y nos obligan a renegociar. Si realmente el gobierno pretendiera salvaguardar los empleos y no perjudicar a los consumidores, entonces no aceptaría un pacto en el que se obliga a molineros y tortillerías a comprar maíz envasado.
''Esperamos que no lleguen a esos negocios las visitas incómodas de la PGR ni de la Profeco, porque no firmamos el pacto y no tenemos la obligación de dar un precio de 8.50 pesos el kilogramo, porque ese no es un precio oficial, sino pactado entre quienes lo firmaron'', puntualizó.