El proyecto de dictamen de Juan N. Silva concluye que hay elementos para las pesquisas
Propone ministro que la Corte investigue la violencia en Oaxaca
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe investigar la presunta violación de garantías individuales que tuvieron lugar en Oaxaca el año pasado, sostiene el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza.
En respuesta a la petición que hizo la Cámara de Diputados en marzo pasado a los ministros, para que ejercieran su facultad de investigación -prevista en el artículo 97 constitucional-, el ministro Silva Meza consideró que sí existen elementos para que el máximo tribunal intervenga y establezca si las corporaciones policiacas municipales y del estado, así como la Policía Federal Preventiva violentaron los derechos humanos de los oaxaqueños.
Trascendió que el documento que ya fue turnado a los integrantes del pleno y está en espera de ser listado para ser resuelto, convalida el punto de acuerdo de los legisladores, en el sentido de que, después de nueve meses de conflicto magisterial y social en Oaxaca, persisten las constantes agresiones a la sociedad.
Cabe mencionar que el pleno de ministros ha sido renuente a ejercer las facultades de investigación, en casos de violaciones graves a las garantías individuales, en razón de que la Constitución sólo prevé que la SCJN redacte un informe sobre los hechos, pero sin que éste tenga efectos vinculatorios -como ocurrió con el caso Aguas Blancas-, por lo que el futuro del dictamen es impredecible.
En marzo pasado, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que la Corte conformara una comisión especial que investigara "las graves violaciones a las garantías individuales" de la población de Oaxaca, entidad donde la represión "prácticamente pulverizó el estado de derecho y cualquiera puede convertirse en una nueva víctima". El punto de acuerdo señalaba que: "ante la falta de soluciones a este grave conflicto, es necesaria la voluntad y la decisión de los ministros en un asunto que requiere de información veraz, investigación imparcial y autoridad moral para ser resuelto".
La petición se sustentó en el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, el cual "ilustra con total crudeza y precisión lo que ocurrió en esa entidad, las numerosas irregularidades y abusos cometidos contra activistas y la población en general" por parte de las fuerzas policiacas de Oaxaca y de la Federal Preventiva, las cuales efectuaron detenciones arbitrarias e ilegales de manera recurrente y en ocasiones masivas contra la población civil.