Como en 1988, se dio carpetazo al fraude en los comicios, señalan académicos
La negativa a abrir boletas electorales, golpe a la democracia, reclama el PRD
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Boletas electorales de los comicios de 2006 marcadas en favor del PRI y del PRD que fueron halladas en un basurero de a delegación Alvaro Obregón
Foto: Carlos Cisneros
La determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de no permitir el acceso a los paquetes electorales del 2 de julio fue considerada como un hecho "sumamente grave" para el país.
El presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, y el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM), coincidieron en afirmar que la decisión anula los avances de transparencia de que presume el gobierno federal, y deja en la impunidad el "enorme desorden" que privó en esos comicios.
Para el dirigente perredista, el TEPJF dio "carpetazo" a un asunto en el cual "toda la sociedad tiene abierta duda sobre los resultados", cuando por "obvias razones y por responsabilidad pública debería conocerse el detalle de las actas y de los paquetes electorales".
Señaló que para el partido resultaba indispensable estudiar los casos de Guanajuato y Sonora, pues se considera que esos estados fueron "la cuna del fraude electoral del 2 de julio".
En entrevista, el dirigente perredista sostuvo que la decisión asumida por el TEPJF revela un "reconocimiento de hechos al desorden que vivió" ese proceso. Allí están, dijo, los informes de la revisión de 11 mil casillas, en las cuales "hubo elementos muy contundentes de manejo indebido de los paquetes electorales".
Lo correcto habría sido, indicó, que se esclarecieran sospechas, como que el Partido Nueva Alianza "se llevó los votos del PRD para diputados y el PAN para la Presidencia de la República".
Obviamente, continuó Cota, el tribunal tomó su determinación para "proteger al Instituto Federal Electoral", ante el "enorme desorden" que entonces se registró, o por la "relación política y de amistad" tendida desde el instituto hacia Elba Esther Gordillo, lideresa nacional del sindicato magisterial, para "impedir que Andrés Manuel (López Obrador) llegara a la Presidencia de la República".
Desafortunadamente, subrayó, como ocurrió en 1988, otra vez se da "carpetazo", pues "es evidente que en ambos procesos el ganador fue otro, y las instituciones se están involucrando para mantener el estatus en el que se encuentra el país y para proteger a los grupos de interés que han gobernado desde Carlos Salinas a la fecha".
Clave de todo este asunto, destacó, es Guanajuato, porque esa zona fue "la región madre del fraude electoral".
A su vez, el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del IIS-UNAM consideró "sumamente grave" la decisión del TEPJF de negar cualquier acceso a las boletas electorales de las votaciones del pasado 2 de julio.
"Existe una evidente contradicción entre los festejos de los supuestos avances de la transparencia en términos de la constitucionalización del derecho a la información, y la anulación clara de este derecho que la reciente determinación del tribunal implica", señaló Irma Sandoval, titular de dicho organsmo.
Por su parte, John Ackerman, experto en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también miembro del laboratorio, afirmó que la postura del TEPJF demuestra "una total continuidad" con el mensaje de impunidad que el mismo tribunal "nos dejó al término de las elecciones" del año pasado.
Ambos investigadores se pronunciaron por "evitar a cualquier costo" la destrucción de las boletas y con ello cancelar la posibilidad ciudadana de ejercer el derecho a la transparencia en un asunto tan importante para todos los mexicanos.
Irma Sandoval sostuvo que la decisión de devolver expedientes al IFE "y los regaños correspondientes" no son más que "una cortina de humo".
Y añadió: "este tribunal, regañón pero permisivo, niega el acceso a la información sacando de la manga una nueva categoría de información: la de documentos indisponibles, palabra que ni siquiera existe en la lengua española, mucho menos en la Ley de Transparencia".