Serán despedidos los juzgadores no actualizados
Chihuahua, pionero en establecer juicios orales que aún no aplica
Chihuahua, Chih., 25 de abril. Con el apoyo técnico y de capacitación de la agencia gubernamental estadunidense USAID, el estado de Chihuahua se convirtió en la primera entidad del país en aplicar, desde enero pasado, los juicios orales a todo tipo de delitos.
De dos mil asuntos que han conocido las autoridades jurisdiccionales en la capital de la entidad, 95 por ciento se han resuelto mediante la conciliación y procedimientos abreviados, que son previos a los juicios orales en sí. Por cierto, a cuatro meses de aplicación de este método, aún no se ha celebrado ningún juicio definitivo con estas características.
Ante una delegación de procuradores, jueces y abogados de los estados de Zacatecas, Morelos, Baja California y Guanajuato, el secretario de Gobierno de Chihuahua, Fernando Rodríguez, explicó las bondades de este nuevo sistema de justicia integral -que en su segunda fase se aplicará en Ciudad Juárez a partir de julio, y en una tercera fase en toda la entidad, desde el primero de enero de 2008-, en el que la apuesta para hacer más eficiente el sistema de procuración e impartición de justicia se basa en la conciliación de las partes.
Sólo en los casos de delitos de alto impacto, como violación, secuestro y robo calificado, entre otros, la legislación no prevé la conciliación ni la libertad bajo fianza.
En el encuentro, organizado y auspiciado por USAID, por medio de la organización Proderecho, el funcionario reconoció que la implementación del nuevo sistema llevará necesariamente al despido de los jueces y empleados de los juzgados "tradicionales" que no hayan pasado los exámenes que les fueron aplicados para que se integraran al nuevo esquema.
Cabe mencionar que los principales asesores del gobierno de Chihuahua para implementar este modelo son financiados por USAID.
Rodríguez comentó que el gobierno estatal utilizará este año 700 millones de pesos (400 millones más de lo proyectado) para construir instalaciones adecuadas para los juicios, compra de equipo de grabación y video, sin tomar en cuenta las erogaciones que seguramente realizará en el futuro para indemnizar a los "antiguos" funcionarios judiciales, como secretarios de juzgado, secretarias, actuarios, etcétera.
Y aunque aceptó que el costo para las arcas estatales es alto, dijo que se debe pagar para la modernización del sistema de justicia que reclama la ciudadanía.
Ante los cuestionamientos hechos por funcionarios de los estados referidos -en donde, por cierto, ya comenzaron los trabajos legislativos para implementar los juicios orales-, el secretario de Gobierno sostuvo que una razón fundamental para modificar el actual sistema es, precisamente, que el actual modelo "no es justo", porque las sentencias tardan años en dictaminarse.
Para dar un ejemplo de cómo se trabaja, los invitados acudieron a una audiencia a una sala de juicio oral -que cuenta con cómodas butacas, equipo de grabación y video y que se asemejan más a oficinas ejecutivas que a juzgados-, en donde bastó una hora con 10 minutos para que la jueza Alejandra Ramos declarara el inicio de un proceso penal por fraude y resolviera que el acusado siga su proceso en libertad.
En entrevista, la jueza reveló, al comenzar la audiencia, que no tenía mayores conocimientos ni antecedentes del caso "para no contaminarse", además de que su resolución la tomó exclusivamente con base en los alegatos del agente del Ministerio Público y de la parte acusada. Por cierto, el abogado del acusado, que era defensor público, apenas tuvo tiempo de conocer del asunto minutos antes de la celebración de la audiencia, lo que se considera normal en esta forma de trabajo.