Javier Alarcón responde al diputado Abramo Masso
"Sí se atendió" a familiares de mineros de Pasta de Conchos
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Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo
Foto: Marco Peláez
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, respondió a la denuncia del presidente de la comisión especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, Yericó Abramo Masso, quien lo acusó de haber incumplido la promesa concerniente a elaborar un tercer peritaje acerca del estado del yacimiento tras haberse detenido los trabajos del rescate de los cuerpos de los 65 mineros muertos.
"Tal como lo expresé en la reunión del pasado 12 de abril, se ha dado la atención personal e institucional que el caso amerita a los familiares de las víctimas del lamentable accidente, sin necesidad de intermediarios para tal efecto. En ese sentido, aprovecho la oportunidad para reiterarle a usted que no permitiré, en asuntos de la competencia de esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nadie lucre políticamente con el dolor de las familias. Es por ello que la comunicación que se ha establecido y se mantendrá en lo sucesivo con los familiares será directa, puntual, respetuosa y responsable por parte de esa secretaría".
El funcionario criticó con dureza la "ligereza" con la que el diputado Abramo Masso se refirió al "supuesto incumplimiento" de la STPS a los compromisos adquiridos en la reunión del 12 de abril pasado, donde participaron los familiares de las víctimas en la tragedia ocurrida en febrero de 2006.
Javier Lozano consideró inusual la exigencia del diputado federal, porque los argumentos de éste de ninguna forma coinciden con las tareas a las que se ha abocado la dependencia.
En siete apartados, la autoridad federal replica al legislador del PRI: "la prioridad en el rescate de los cuerpos ha sido, y continuará siendo, conforme a la instrucción del presidente Felipe Calderón, en el sentido de mantener su labor hasta donde humana y técnicamente sea posible.
"Ante la presencia de dos dictámenes privados, de expertos en la materia, que han fundamentado la decisión de IMMSA (Minera México) para suspender las labores de rescate, la Secretaría de Trabajo se dio a la tarea de encontrar la mejor opción. Previamente se realizó la auscultación con la Universidad Nacional Autónoma de México, sin que se hubiera recibido respuesta favorable para que se llevara a cabo dicho dictamen. Por lo anterior, se solicitó y se ha aceptado por parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC su participación para la elaboración del dictamen oficial de referencia.
"En la metodología acordada en la citada reunión (del 12 de abril) se dejó muy en claro que, siempre y cuando los trabajos de los expertos y estudios técnicos lo permitan, podrían participar los familiares de las víctimas, y que para ello era y es la designación de enlaces para información recíproca. La información proporcionada ha ocurrido con la fluidez con que las circunstancias lo han permitido entre la profesora Maribel Rico Montelongo, representante del grupo de las víctimas, (y) el titular de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, Alejandro Romero.
"Como se comentó en la reunión de referencia, dentro de las primeras gestiones llevadas a cabo por esa secretaría, fue precisamente acordar con la Secretaría de Hacienda la autorización de 100 nuevas plazas de inspectores federales del trabajo, de manera que en el estado de Coahuila se contará con un total de 14 inspectores, y adicionalmente, en conjunto con las autoridades estatales, se ha articulado un nuevo sistema de inspección para los 30 centros de trabajo de minería de carbón ubicados en el estado de Coahuila.
"También la mesa de trabajo de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, instalada el 19 de enero del presente año en Nueva Rosita, Coahuila, no ha interrumpido su funcionamiento y continúa otorgando asesoría jurídica y patrocinio legal de manera jurídica a 54 de las 65 familias de las víctimas.
"En materia de las probables responsabilidades administrativas que servidores públicos de esta secretaría pudieran tener, corresponde a la Secretaría de la Función Pública resolver lo que en derecho proceda. Igualmente, la PGR tendrá que concluir la averiguación previa para la determinación, en su caso, de responsabilidades penales."