Es un fallo justo de la Suprema Corte argentina, señalan Madres de Plaza de Mayo
Empresa deberá indemnizar a esposa de líder gremial desaparecido en la dictadura
Juez federal envía a juicio a ex militares por robo sistemático de niños nacidos en cautiverio
Buenos Aires, 24 de abril. Al comenzar una semana en la que se rendirán homenajes a las Madres de Plaza de Mayo, a 30 años de su lucha contra la dictadura militar (1976-1980), se dieron importantes pasos judiciales que determinan un avance en la batalla por la justicia y la verdad.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó hoy a la empresa Siderca, que integra el grupo Techint, indemnizar a la esposa del delegado gremial y empleado de esa firma, Oscar Orlando Bordisso, secuestrado y desaparecido por la dictadura el 18 de junio de 1977.
Bordisso fue secuestrado cuando al salir de su trabajo iba en bicicleta hacia su casa, en Campana, 70 kilómetrsos al norte de esta capital, pero la empresa -que tiene intereses en otros países de América Latina, Medio Oriente y Asia- no colaboró para reconstruir estos hechos e incluso negó en un principio que la víctima hubiera trabajado ese día.
Esto fue tomado en cuenta en la resolución de la Corte al estimar que "la reconstrucción de los hechos fue lograda más allá de la reticencia de la empleadora, quien prefirió negar que Bordisso hubiera trabajado en aquella fecha".
Es una sentencia "justa y que repara el dolor de las familias", dijeron las Madres Fundadoras de Plaza de Mayo. En el laberinto de búsqueda de verdad y justicia surgió la realidad sobre la connivencia entre algunas grandes empresas como Mercedes Benz, entre otras, que entregaron listas y ayudaron a la dictadura a "limpiar" sus plantas de delegados molestos.
Un fallo sin precedente
Este fallo no tiene precedente y se basó en las leyes vigentes por accidentes de trabajo en esos momentos. Bordisso tenía 40 años cuando fue desaparecido y tres hijos pequeños, y su esposa Ana Cebrymsky lo buscó sin descanso "golpeando todas las puertas y nadie me respondió. Hice denuncias pero en Campana fueron muchos los desaparecidos"
En la importante sentencia se dice que Bordisso fue "víctima de un delito aberrante cuya ejecución, si bien continuada, tuvo inicio en las circunstancias definidas por la ley laboral para atribuir la responsabilidad indemnizatoria del empleador". También la Corte rechazó los planteamientos de la empresa que consideraba que el tiempo transcurrido y "razones de seguridad" determinaban que la viuda había perdido el derecho a reclamar, y recordó que la ley sobre Desaparición Forzada de Personas determina que este es un delito imprescriptible" y aberrante.
Ayer, por su parte, el juez federal Guillermo Montenegro envió a juicio oral y público a un ex presidente y otros seis militares de la dictadura en una causa que investiga un plan sistemático de robo de niños nacidos en cautiverio cuyos padres fueron desaparecidos.
El último presidente de la junta militar, Reynaldo Bignone, deberá enfrentar a los tribunales 11 años después del comienzo de esta investigación. Junto a él estarán otras importantes figuras de la dictadura como el ex jefe del ejército Cristino Nicolaides, el general Santiago Omar Riveros, Antonio Vañek y Héctor Febrés, ex jefe de la Armada, Rubén Franco y el marino Jorge Tigre Acosta, figuras emblemáticas de lo que fue uno de los mayores centros clandestinos de detención la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) donde desaparecieron a unas cinco mil personas.
Serán acusados de "sustracción, retención y ocultación de menores y sustitución de identidad" en unos 20 casos donde las pruebas terminantes son una serie de testimonios y la recuperación por parte de Abuelas de Plaza de Mayo de más de 80 nietos, entre unos 500 que fueron robados, un crimen de lesa humanidad que se añadió a la desaparición forzada de los padres".
En el fallo se señala que "en la Esma dieron a luz no sólo mujeres que se encontraban en sus instalaciones ilegalmente privadas de su libertad, sino también personas que fueron exclusivamente llevadas allí desde otros centros de detención". Los acusados, señala también el fallo, "formaron parte de una maniobra criminal cuidadosamente diseñada"
Procesados con prisión preventiva desde 1999, y firmantes de la ley 22.924 y el llamado "Documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo", Bignone, Nicolaides y Franco fueron considerados por el juez responsables de "todos y cada uno de los casos" sucedidos durante la dictadura.
En otra acción judicial, el Tribunal Federal, que condenó a reclusión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, juzgará al ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich, acusado de siete homicidios y 41 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas.
Von Wernich fue nada menos que el confesor y amigo del ex jefe de la policía bonaerense, general Ramón Camps, uno de los mayores criminales de la dictadura y está detenido desde septiembre de 2003 por orden del juez federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Arnaldo Corazza. En el pedido de elevación a juicio, el fiscal Sergio Franco, sostiene que en su participación en la Dirección General de Investigaciones, Von Wernich "tuvo una conspicua intervención en el denominado 'circuito Camps' de centros clandestinos de detención, torturas y eliminación de personas desplegado desde las estructuras estatales durante la época de la dictadura militar".