PGJDF: huecos legales del Código Penal favorecen a pederastas
Con la finalidad de analizar los huecos legales que existen en el Código Penal de la capital del país en materia de pederastia, el Instituto de Formación Policial (IFP), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), puso en marcha el curso Explotación sexual comercial e infantil.
Miguel Ontiveros, director del organismo, precisó en entrevista que el título sexto de dicho ordenamiento todavía establece que el bien que se lesiona durante un acto de corrupción de menores es la moral pública y las buenas costumbres, situación que, a su parecer, es absurdo.
"Ya hubo una sentencia en la que el juez -que, por cierto, está siendo procesado- determinó que, como las niñas víctimas del explotador sexual ya no tenían himen en el momento de los hechos, ya estaban corrompidas, luego entonces carecían de moral y buenas costumbres, con lo cual ya no había lesión a ese bien jurídico".
El caso referido por Ontiveros es el del líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, quien en diciembre de 2005 obtuvo su boleta de libertad por decisión Miguel Angel Pérez Camacho, secretario de acuerdos en funciones de juez por ministerio de ley en el juzgado 15 de lo penal; sin embargo, la sentencia fue revocada meses después por la octava sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
"Hay que reformar el Código Penal. Por supuesto que la sentencia a la que me refiero estuvo mal dictada, independientemente del bien jurídico que actualmente establece la ley.
"Hay que sustituir la moral pública y las buenas costumbres por lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el libre desarrollo de la personalidad. El adulto que explota sexualmente a un menor no atenta contra la moral pública, sino que impide el desarrollo de su víctima.
"Tenemos que hacer las reformas de ley, primero, para determinar perfectamente el bien jurídico y, segundo, para evitar que los impartidores de justicia hagan interpretaciones antidemocráticas y antigarantistas, como ésa en la que se señaló que por falta de himen las menores ya estaban corrompidas. Esa fue una vergüenza judicial."
Apoyo de la OIT
En tanto se realizan las modificaciones legales referidas, el IFP inició el mes pasado un programa de capacitación para los agentes del Ministerio Público de la capital del país.
Si bien los cursos comenzaron con grupos que de entre 60 y 70 servidores públicos, se pretende que todos los agentes del instituto reciban la capacitación, que se realiza con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, dependiente de la ONU.
"Cada semana viene un grupo. Están aquí de nueve de la mañana a dos de la tarde, y los capacitamos en torno a la forma de atender a una víctima y cómo deben integrar la averiguación previa, afin de evitar que por una mala actuación ministerial el indiciado quede libre", abunda.