Continúan divididos los políticos en Washington por una reforma migratoria
La mayoría en Estados Unidos, partidaria de que indocumentados obtengan la ciudadanía
Ampliar la imagen Henry Petithomme cumplió ayer su decimocuarto día de huelga de hambre en protesta por la detención y posible deportación de más de 100 indocumentados haitianos que llegaron a Hallandale Beach, Florida, el pasado 28 de marzo. En la foto, junto con su hermana Neslie Foto: Ap
Nueva York, 19 de abril. Casi ocho de cada 10 estadunidenses favorecen que a los indocumentados les sea ofrecido un camino hacia la ciudadanía, según la encuesta nacional más reciente, lo que manifiesta algún tipo de consenso popular sobre el asunto, mientras que los políticos en Washington continúan divididos por una reforma migratoria.
El sondeo realizado por USA Today-Gallup, publicado hoy, registra que 78 por ciento de los estadunidenses apoya legalizar a los aproximadamente 12 millones de indocumentados, mientras otras encuestas nacionales recientes registran un apoyo mayoritario a una reforma migratoria que incluya algún mecanismo para la legalización.
Entre éstas, la del Washington Post-ABC News realizada hace una semana, que registró que 62 por ciento opina que a los inmigrantes que residen y trabajan aquí se les debería ofrecer la oportunidad de mantener sus empleos y además un camino hacia la legalización.
Mayorías apoyan un mecanismo que podría culminar con la ciudadanía estadunidense de los inmigrantes, según encuestas del diario Los Angeles Times (55 por ciento respalda esta opción), la Field Poll en California (83 por ciento) y la del New York Times-CBS News (con 59 por ciento) realizadas durante los últimos meses.
Pero en Washington, el tema de la legalización o no de los indocumentados es uno de los grandes obstáculos para promover una reforma migratoria. Mientras conservadores contra un reforma de ese tipo insisten en que se debe deportar, o por lo menos no "premiar", a los inmigrantes que cruzaron la frontera sin autorización, otros, incluyendo el propio presidente George W. Bush, insisten en que es imposible deportar a millones de trabajadores.
El primer proyecto de ley sobre una reforma migratoria introducido a la Cámara baja por los representantes Luis Gutiérrez (demócrata) y Jeff Flake (republicano) recibió esta semana el apoyo de varias agrupaciones por una reforma migratoria, incluyendo el Foro Nacional sobre Migración y el Consejo Nacional de la Raza, y de la Coalición por una Reforma Migratoria Integral, agrupación de más de 300 organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, algunos reconocen que es una propuesta imperfecta, y ha provocado divisiones entre los reformistas sobre todo en torno a la iniciativa de un programa de trabajadores temporales y por incluir medidas que obligarían a quienes solicitan la legalización a salir brevemente del país.
Sin embargo, integrantes de otras coaliciones, como la Red Nacional de Derechos de Inmigrantes y Refugiados y varios sindicatos, se oponen tajantemente a los programas de trabajadores huésped, y a la vez demandan plenos derechos y la legalización de todos los inmigrantes.
Varias de estas organizaciones, como es el caso de Mexicanos sin Fronteras, en Washington, consideran inaceptables tanto la propuesta ante la Cámara baja como las medidas que está circulando la Casa Blanca incluyendo el pago de miles de dólares por inmigrantes que desean participar en un proceso larguísimo para que algún día lejano puedan ser legalizados y después transformarse en ciudadanos estadunidenses.
Por tanto, ahora el debate entre los promotores de una reforma es cuántas concesiones están dispuestos a ofrecer a cambio de los votos de suficientes legisladores para lograr algún tipo de reforma este año.
El liderazgo del Senado espera poder llevar a cabo un debate sobre un proyecto de ley a finales de mayo; sus contrapartes en la Cámara desean poder aprobar algo antes del receso de agosto, mientras los líderes demócratas del Congreso y el presidente Bush han declarado que desean trabajar juntos para lograr una reforma este año, pero las diferencias tanto dentro como entre los partidos aún generan dudas sobre si lograrán cumplir con sus promesas.