En Chiapas, irregularidades en juicios agrarios favorecen a miembros de la Opddic
Despojan a 296 familias bases de apoyo del EZLN en el ejido de Chilón
Organizaciones demandan a autoridades agrarias restituir la posesión a los zapatistas
San Cristobal de las Casas, Chis. 19 de abril. Testimonios falsos o prefabricados, padrones "rasurados", parcialidad de la Procuraduría Agraria, emplazamientos nunca entregados a los "acusados" y muchas otras irregularidades vuelven improcedentes los juicios agrarios en torno al ejido Muk'ulum Bachajón (Chilón), y el despojo a cerca de 300 familias bases de apoyo del EZLN para favorecer a un número menor de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).
Esto concluye un amplio documento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas, respaldado por miles de firmas de organizaciones y personas de 40 países, que se entregó este lunes a las autoridades federales agrarias en Tuxtla Gutiérrez.
En el expediente de conversión de copropiedad a ejido consta que Sabino Armando Aguilar Ramírez, notario público de Villa Corzo, el 13 de agosto de 2002 certificó una "asamblea de actualización censal de fideicomisarios" en San Sebastián Bachajón. El expediente incluye el acta firmada por 547 beneficiados de un primer paquete fideicomisario (CNPI F/95-03) y un acta que enlista 271 personas despojadas, así como 60 sustituyentes (todas de Opddic). En ningún caso se refiere la causa de la sustitución.
Según Aguilar Ramírez, se "cumplió a cabalidad" la agenda, y el "comité técnico" ratificó constituirse en ejido el 20 de agosto de 2002. El análisis independiente apunta que las familias añadidas no son sólo 60, ni 271 el número de "sustituidas"; hay que sumar 16 del listado de Muk'ulum'Bachajón que también tienen tierras en el segundo paquete (siendo improcedente ser solicitantes y beneficiarios en dos paquetes fideicomisarios) y otras nueve que eran posesionarias desde tiempo suficiente como para merecer el beneficio. Así, faltaron 296 familias, más de 50 por ciento de las 547 del primer paquete, y "no hubo quórum legal".
Las organizaciones signantes instan a las autoridades agrarias a que anulen Muk'ulum Bachajón, en su conformación de ejido, y restituyan a las 296 familias despojadas. El documento califica de "simulación" los emplazamientos del Tribunal Unitario Agrario (TUA) a las familias zapatistas para las audiencias, pues nunca fueron entregados. El actuario notificador, José Trinidad Espinosa, al ser cuestionado, dijo que entregó los emplazamientos "a las esposas de los demandados", y que en Chilón su trabajo "le da miedo, porque tiene que lidiar con zapatistas, gente muy peligrosa".
Tras una solicitud de copias, el TUA entregó parte de cada expediente de los 68 demandados por Opddic. "Se encontró que todos contienen dos cédulas de emplazamiento firmadas por el actuario y dos testigos" y que el demandado nunca se identifica, "por no creerlo necesario, manifestando que es el buscado". Al calce dice: "recibí copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio, dándome por emplazado", y se indica que el demandado "se negó a firmar". Según el análisis, si supuestamente los 68 demandados recibieron dos emplazamientos, 136 veces se habría repetido la misma falsificación.
En todas las cédulas del primer emplazamiento aparecen los mismos testigos: Jerónimo Demeza Jiménez y Carlos García Pérez. Ambos de la Opddic, la parte demandante. Demeza es uno de los principales dirigentes en la región, posee tierras en el segundo paquete y en Muk'ulum Bachajón, donde hasta abril de 2006 presidía el ejido.
En tanto, en los testimoniales de los juicios agrarios contra zapatistas, la Opddic y la Procuraduría Agraria presentan testigos de cargo contra cada demandado por "despojo" (son 68). Los testigos son sólo dos nuevamente, Antonio Aguilar Ruiz y Vicente Méndez Guzmán. "Palabras más o menos, sus respuestas son siempre las mismas", revela el estudio.
Aguilar Ruiz y Méndez Guzmán, quienes viven en otra parte, responden igual en todos los casos, como si fueran uno solo y ellos fuesen omnipresentes. Además, incurren en francas mentiras, como dar por constituido el ejido en 1994, cuando lo fue hasta 2002. Y ambos justifican: "he venido apoyar a estas gentes para que les devuelvan las tierras, ya que esas personas no son zapatistas, (sino) maleantes". El análisis los considera "testigos aleccionados" que desconocen el caso.
Las 68 familias zapatistas "legalmente" demandadas por Opddic para su desalojo forzoso proceden de Campana Witz, Palestina, Guadalupe, Río Azul C'antela, Nueva Orleáns, Chak'ha'kol'ja, Tenojib Mo'ha, Pajatum, Carmen Tzajalá, El Esfuerzo, Corral Viejo y La Unión, en el municipio autónomo Olga Isabel.