Documentan red de estafas a zapatistas
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 18 de abril. Un notario público, un ex diputado local priísta, un actuario del Tribunal Unitario Agrario (TUA) y un servidor público y líder sindical de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) están detrás de la campaña de despojo de tierras que zapatistas "recuperaron" en 1994.
Entre las pruebas que presentaron cientos de organizaciones jurídicas en un documento hecho llegar a las autoridades agrarias se encuentran los expedientes de 68 juicios agrarios que la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), considerada paramilitar, interpuso contra los zapatistas.
Ahí aparecen los nombres de los servidores y ex servidores públicos, algunos de los cuales participaron inclusive en el desmantelamiento del municipio autónomo zapatista Tierra y Libertad, en abril de 1998.
Se trata de Sabino Armando Aguilar Ramírez, actual notario público número 6, quien en abril del 1998, en su calidad de subprocurador de Justicia del estado, encabezó el operativo policiaco en el que se detuvo a las autoridades autónomas zapatistas del municipio Tierra y Libertad.
En el caso del juicio agrario que interpuso la Opddic contra 271 familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que habitan lo que se conoce como ejido Mukulum Bachajón -compuesto por unas 3 mil hectáreas- Aguilar Ramírez, en su calidad de notario público, certificó la supresión de estas 271 familias del censo de pobladores, quitándoles con ello el derecho a permanecer en el poblado que habitan desde hace 13 años.
Otro servidor público involucrado en el despojo es José Trinidad Espinosa, actuario o notificador del Tribunal Unitario Agrario número 3, con sede en esta capital. Según los expedientes agrarios del caso Mukulum Bachajón, simuló los emplazamientos que las autoridades agrarias hicieron a los agraviados, por lo que al no notificarles del juicio en su contra los dejó en la indefensión. Con el argumento de que "la zona de Chilón era muy complicada y le daba miedo entrar porque tenía que lidiar con zapatistas", se negó a entregar los citatorios judiciales y simuló o falsificó las presuntas entregas, poniendo como testigos a los líderes de la Opddic, es decir, a los demandantes de los zapatistas.
En otro de los casos, el que se refiere a la ranchería el Nantze, que implica la posesión de 2 mil 200 hectáreas ubicadas en Altamirano, municipio autónomo de Vicente Guerrero, según el expediente agrario, Luis Beltrán Chacón funge como representante legal y abogado particular de la Opddic.
En indagaciones realizadas por los indígenas zapatistas, lograron saber que Beltrán Chacón trabaja en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), por lo que por una parte violó preceptos legales que impiden a servidores públicos implicarse en casos particulares, cuando estos están relacionados directamente con su área de trabajo. Más aún, Beltrán -quien además es líder sindical de la SRA- haciendo uso de las relaciones y vínculos de la dependencia, con argucias legaloides logró que el TUA fallara contra las bases del EZLN, lo que se constituye como un acto ilegítimo e ilegal.
Otro de los eslabones importantes en la cadena de despojos a que se está sometiendo a los zapatistas es el propio líder de la Opddic, el ex diputado priísta Pedro Chulín Jiménez, quien conoció al notario público Sabino Armando Aguilar Ramírez desde 1998, cuando le sirvió de guía en el operativo de desmantelamiento del municipio autónomo zapatista Tierra y Libertad.
En la denuncia hecha por las bases zapatistas señala que la problemática de fondo es que toda organización o familia que no acepte entrar a la Opddic es acusada de ser invasora, y se inicia de forma legal el proceso para despojarlos, con la confabulación de los servidores y ex servidores públicos antes señalados.