Y el PPP se levantó y anduvo
El Plan Puebla-Panamá (PPP) se malogró casi como acto seguido a su lanzamiento. Fue originalmente concebido para promover la creación de infraestructura con financiamiento internacional que se obtendría del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras. Para la gestión del financiamiento los gobiernos involucrados en cada proyecto contraerían los compromisos necesarios, pero se entendía que la participación de México facilitaría los créditos. En su fracaso influyeron dos males congénitos: el primero fue que los gobiernos centroamericanos atendieron la convocatoria de Vicente Fox, convencidos de que, al final, sería el gobierno de México el que asumiría las deudas que se contrajeran. El segundo surgió de la imprudente incorporación al plan de objetivos sociales y políticos con la intención de anular el esquema del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, resultante de los esfuerzos de pacificación de la región en el decenio anterior. Esta politización provocó la oposición altermundista que se convirtió en un obstáculo permanente para el PPP. Cercano el término de su mandato, Fox intentó dar un poco de oxígeno a su moribundo plan proponiendo la construcción, con financiamiento privado y en algún país centroamericano, de una refinería abastecida de petróleo mexicano. La intentona no tuvo mayores resultados que la momentánea cobertura que la prensa nacional dio a la iniciativa presidencial. Al final no se trata sino de que algún inversionista privado construya una refinería en Centroamérica y que México le venda petróleo, como hace con tantos más. No hay nada de cooperación internacional ni de integración regional en ello. El nuevo anuncio es el mismo proyecto.
¿Qué habrá cambiado entre una administración y otra que permita pensar que el PPP puede ser resucitado? Los males congénitos están presentes, pero algunos elementos de la organización regional se han modificado. El Pacto Andino ha resultado inoperante en la práctica. El Grupo de los Tres, constituido en 1990 por los gobiernos de Colombia, México y Venezuela con propósitos de asociación comercial y de concertación política, tampoco resultó viable porque la concepción integracionista en que se basa no lo permite. Igualmente lo paralizaron las dificultades que ha causado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela el largo conflicto interno que se libra en la primera. A esto se agregó la creación por parte de los gobiernos de Cuba y Venezuela de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, conocida como "Alba", una propuesta de integración que pone énfasis en la solidaridad en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que se contrapone al concepto neoliberal de integración basado en el libre comercio y, específicamente, al ALCA. Como el de Alba es incompatible con el del G-3, la retirada venezolana del grupo se hizo inevitable y la disolución, automática. Todo lo anterior dejó a Colombia sin un esquema de pertenencia subregional. No se trata de una situación intolerable ni mucho menos, pero ante el incremento de los gobiernos de orientación izquierdista en América del Sur, las derechas decidieron agruparse. La región derechista va de México a Colombia e incluye a los países centroamericanos. Panamá no se inscribe en la derecha declarada de los demás, pero aún así tiene un lugar en el esquema. Nicaragua tiene un pie en la Alba y otro en el PPP.
Esta alianza de los derechistas de Latinoamérica tiene algunos aspectos que es necesario señalar:
Si ahora la región va de Puebla a Bogotá, ¿por qué le siguen llamando Puebla-Panamá? Seguramente para conservar la "denominación de origen" y no anunciar expresamente la nueva e inocultable agrupación derechista.
El objetivo integracionista del PPP es inoperante, primero por los males congénitos ya explicados, y enseguida porque todos sus participantes tienen la mira en la integración con Estados Unidos antes que con sus vecinos y congéneres; no han aprendido la lección de México: todos serán rechazados porque los bajos niveles del desarrollo de sus sociedades los hace inadmisibles. La única cercanía permisible será la que permita el sometimiento político y la explotación económica.
Lo que sí sucede es que al agregar
el tema de seguridad al modelo original del plan se le equipara con la Asociación para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte. Esa semejanza se perfeccionará cuando México, a instancias de Estados Unidos, inicie la construcción de un muro en la frontera sur. Como sucede al gobierno de facto en la relación con su vecino del norte, buscará la colaboración en materia de seguridad de aquellos a quienes ha ofendido. Es difícil que la respuesta centroamericana sea tan abyecta como ha sido la mexicana, no porque las oligarquías istmeñas tengan ideales de honor y dignidad superiores, sino porque su interés no es conseguir los favores de México, sino, al igual que éste, los que pretenden son los de Estados Unidos.
El PPP no puede competir con la Alba porque en ella el algoritmo de la integración descansa en la solidaridad recíproca y la complementación generosa, y tiene como objetivo final el desarrollo. Por su parte, el plan pretende recibir dádivas que propicien el enriquecimiento de sus oligarquías. Ni México ni Centroamérica se han podido integrar a sí mismas, ni a su región ni a Estados Unidos. Como se ve, el PPP no es funcional.