El pago, otorgado con base en un decreto que ya expiró; sólo ocupó el cargo 151 días
Liquidación de $2.3 millones a la ex titular de Seguridad de Guanajuato
Según laboralistas, sólo le correspondía una cuarta parte de la suma; dice ser amiga de Oliva
Durante su gestión no hubo un proyecto de trabajo y se incrementó el número de ejecuciones
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El gobierno del panista Juan Manuel Oliva Ramírez dio una liquidación de 2.3 millones de pesos a la ex secretaria de Seguridad Pública de Guanajuato, quien dejó el cargo luego de sólo 151 días
Foto: Martín Diego Rodríguez
Guanajuato, Gto., 17 de abril. Con base en un decreto que expiró el 31 de enero, el gobierno estatal, que encabeza el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, liquidó con 2.3 millones de pesos a la ex secretaria de Seguridad Pública de Guanajuato, Laura Arellano Heredia, quien en febrero renunció voluntariamente después de permanecer 151 días en el cargo. La indemnización fue producto de 32 años y nueve meses que fungió como burócrata.
Para que Arellano Heredia se beneficiara de sus prestaciones al ciento por ciento se requería que la administración estatal prescindiera de forma no justificada de sus servicios y que se adhiriera al decreto gubernativo 278, promulgado por el anterior gobernador, el panista Juan Carlos Romero Hicks. Sin embargo, dicho precepto perdió vigencia el 31 de enero.
La funcionaria, primera en ser liquidada durante el actual gobierno estatal, renunció el 7 de febrero, pero su dimisión fue aceptada por Oliva Ramírez el 23 de febrero, luego que Laura Arellano la anunció en un noticiero radiofónico.
No obstante, la ex secretaria de Seguridad Pública del estado recibió su liquidación de manera íntegra, cuando, según abogados laboralistas consultados por La Jornada, debió haber recibido 531 mil 320 pesos por 32 años y nueve meses que fungió como burócrata.
El 22 de agosto Romero Hicks emitió el decreto gubernativo 278, que permitía a los funcionarios de su administración saliente recibir el total de sus percepciones en ese momento si eran despedidos durante el cambio de gobierno y hasta el 31 de enero.
Así, los secretarios y demás funcionarios que trabajaron en su administración cobraron indemnizaciones que ascendieron a 72 millones de pesos mientras la oprden tuvo vigencia.
Este martes, en la sesión del Congreso de Guanajuato, se hizo público un documento que revela que Laura Arellano Heredia, militante panista que llegó a la Secretaría de Seguridad Pública por intermediación del ex gobernador Carlos Medina Plascencia con el aval de Oliva Ramírez, a quien llamaba ''mi amigo personal'', recibió 2.3 millones de pesos.
Arellano acumuló 32 años y nueve meses como burócrata en gobiernos priístas y panistas, por lo que se vio beneficiada con una gratificación por servicios prestados, licencia prejubilatoria y partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones no disfrutadas y prima vacacional, estos últimos correspondientes a tres meses laborados durante 2007.
El documento precisa que la ex secretaria de Seguridad Pública acumuló cuatro meses y 22 días en ese cargo, 13 años y 22 días como funcionaria de la Secretaría de Finanzas local y 19 años, cuatro meses y 23 días como empleada del Poder Judicial, y aunque su dimisión fue voluntaria, el gobierno de Guanajuato se apegó a un decreto obsoleto para entregarle 2.3 millones de pesos.
Esta indemnización es la primera que se paga a un ex funcionario en la administración de Juan Manuel Oliva, que inició a finales de noviembre.
La actuación de Arellano Heredia fue objeto de múltiples quejas por la falta de un plan de trabajo y por el repunte de las ejecuciones en la entidad.
También fue criticada por no emitir la convocatoria para conformar el Consejo Estatal de Seguridad Pública y por las ocasiones en que dejó plantado al Congreso local, que le pidió explicar su falta de proyecto, lo que finalmente derivó en que anunciara su renuncia.