El dictamen favorecerá la postura del Ejecutivo, aseguran fuentes del máximo tribunal
Los ministros de la Corte analizarán "en privado" la llamada ley Televisa
En una decisión inédita para los tiempos de transparencia que pregona la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros resolvieron analizar en forma privada durante varios días el proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó el Senado en contra de la llamada ley Televisa.
Dentro del máximo tribunal toma fuerza la versión de que el proyecto de dictamen favorecerá la postura del Presidente de la República y convalidará las leyes federales de Telecomunicaciones, y de Radio y Televisión.
Fuentes judiciales de primer nivel confirmaron lo anterior, y agregaron que por acuerdo tomado en sesión privada, el ministro instructor, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, entregará a sus compañeros el próximo 26 de abril su proyecto de resolución del asunto.
A partir de esa fecha, los ministros se encerrarán con sus respectivos equipos de trabajo para analizar el dictamen de Aguirre Anguiano, y en caso de no estar de acuerdo, elaborar proyectos de resolución alternos.
Dada la importancia del asunto -hay ministros que afirman en privado que es el caso más importante que resolverá la SCJN después del asunto del anatocismo, en el que convalidaron el cobro de intereses sobre intereses- resolvieron que no habrá sesiones de pleno para no entorpecer al análisis del tema.
Según lo acordado, el lunes 7 de mayo el pleno deberá comenzar la discusión pública del asunto con la presentación de la propuesta del ministro instructor.
Sin embargo, debido a la reciente operación quirúrgica que le fue practicada al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, podría darse el caso de que sólo sean 10 los que resuelvan la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores, lo que generaría que en caso de una votación empatada a cinco, sea el ministro presidente el que resuelva las controversias con su voto de calidad.
Cabe señalar que desde que la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad, cada ministro asignó al menos a uno de sus secretarios para que se abocaran a conocer las características técnicas y legales de las legislaciones impugnadas.
Cada documento que recibieron los ministros de las partes involucradas -abogados de Televisa y Tv Azteca han llevado a cabo un intenso cabildeo, al igual que técnicos independientes, senadores y organizaciones no gubernamentales- es turnado al secretario encargado del caso.
En este contexto, se dijo que hay ministros que ya tienen prácticamente sus posturas definidas sobre la constitucionalidad de las leyes referidas, y que únicamente están a la espera de conocer el proyecto de Aguirre Anguiano para dar a conocer internamente su posición.
Por otra parte, entre los análisis y estudios que han recibido los ministros destacan los que señalan que dichas legislaciones privan al Estado de ejercer su rectoría sobre el espectro radioeléctrico nacional, lo que va en detrimento del interés público en favor de un grupo reducido de particulares.
El análisis, al cual tuvo acceso este diario, cuestiona que los concesionarios actuales -particularmente Televisa y Tv Azteca, además de grupos radiofónicos y Teléfonos de México- en los hechos recibieron ad perpetuam bandas de frecuencia que les garantizan mantenerse como concesionarios dominantes en un mercado cada vez más concentrado.
En el análisis técnico se establece de entrada la gravedad que implica que las reformas referidas hayan eliminado el papel regulador de la legislación en materia de telecomunicaciones y que, con ello, el Estado haya perdido sus facultades para planear el uso del espectro radioeléctrico, monitorearlo y autorizar las tarifas de Telmex. Además, se fortalecen los monopolios existentes, porque las tarifas quedan, en su mayoría, sujetas al mercado y se mantiene un régimen no competitivo.
Las reformas consolidan las concentraciones de los medios electrónicos al establecer "barreras de entrada" para nuevos competidores, al fijar un pago de contraprestación, sin suprimir la discrecionalidad de la autoridad, concluye el análisis.