Persisten violencia, corrupción y tráfico de personas y drogas
La frontera sur, foco rojo para Gobernación: Salazar
Ampliar la imagen Elvira Arellano, quien recientemente se refugió en una iglesia de Chicago para no ser deportada, ora por los indocumentados Foto: Reuters
La Secretaría de Gobernación admitió que el flujo masivo de indocumentados en la frontera sur, así como el nivel de violencia y corrupción en la zona constituyen un foco rojo, cuya solución no se vislumbra ni en el corto ni en el mediano plazos.
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar Adame, dijo que la situación anterior que no se limita al paso de personas, sino también al tráfico de drogas y armas. Sin embargo, aseguró que los planes para disminuir la inseguridad en la franja sureña y atajar el paso de indocumentados -próximos a difundirse- no tienen como objetivo ''hacerle el trabajo sucio'' a Estados Unidos, sino salvaguardar la soberanía de México.
A finales de este mes, el titular de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, revisará el programa integral para la frontera sur, a fin de presentarlo públicamente en los días subsecuentes. Mientras tanto, la doctora en derecho constitucional Cecilia Mora Donato (asesora externa del gobierno calderonista) coordina al equipo de juristas encargado de elaborar la iniciativa de reforma a la Ley General de Población, a fin de agregar a esta normatividad los conceptos de ''migración y refugio''.
Se pretende que el proyecto sea entregado al Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones, a realizarse en el último trimestre de este año. No obstante, de acuerdo con la información preliminar disponible, la política en ciernes parece navegar en dos sentidos: por un lado, quitaría a la migración ilegal todo halo de criminalidad para ubicar a los indocumentados a lo sumo como partícipes sólo de faltas administrativas.
La intención es reducir los niveles de soborno y otras prácticas corruptas entre las corporaciones policiacas y agentes migratorios, e inclusive se planea que (una vez verificado que el sujeto no tiene antecedentes penales) sólo se apliquen multas económicas para aquellos que reincidan en su intento por cruzar a territorio mexicano. Además, ampliar las visas -hasta por cinco años- para los extranjeros que realicen actividades profesionales; beneficiar a las familias de aquellos aceptados en nuestro territorio con el estatus de ''refugiados'', y ampliar los programas de empleo temporal para centroamericanos, especialmente para guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, que constituyen 95 por ciento de los indocumentados.
En otro ángulo, la actual política de migración intenta multiplicar sus estrategias de vigilancia, como única alternativa para alcanzar mejores niveles de seguridad, bajo el argumento de la ''respetar los derechos humanos'' y los convenios firmados con los países de Centroamérica.
En entrevista con La Jornada, Salazar Adame dejó en claro que todos los países trabajan para dar mayor seguridad a sus fronteras y, en la visión particular del gobierno mexicano, una política migratoria humanista no significa bajo ninguna circunstancia brindar ''puertas abiertas''. Tal situación significaría, agrega, mantener el grado de anarquía en la que hemos vivido y estimular las actividades delictivas en la frontera sur, por muchos años desatendida en su infraestructura de control de internación.
Además de las historias dramáticas que se registran a diario en esa frontera, lo mismo violaciones sexuales o mutilaciones, que robos y homicidios en contra de los indocumentados (en su mayoría procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), esta zona (casi mil 200 kilómetros) significa un punto estratégico y de claro interés para el gobierno estadunidense. Por ahí pasan, buscando el sueño americano, al menos medio millón de personas al año. En 2005, México deportó a 240 mil 269 migrantes, y un año después esta cifra se redujo a 182 mil 705, esto es, casi 60 mil personas menos.
El funcionario aseguró que esa reducción (variación de 20 a 25 por ciento) es consecuencia de la construcción del muro fronterizo en Estados Unidos, que representa un factor ''disuasivo'' para los cruces, pero también advirtió la posible relación con el ambiente de corrupción y falta de eficiencia de las policías locales y federales.
Salazar Adame dijo que ha indagado la situación de la frontera sur desde el inicio de la década, cuando fue asignado coordinador del Plan Puebla-Panamá, considerado eje central en el desarrollo para la región y por ende vía para la generación de empleos y reducción de la migración indocumentada.
-¿Vamos hacia una política migratoria del buen vecino o hacia una firme?
-Vamos hacia una que cumpla con las convenciones internacionales en las que ha participado México y que tienen como principio doctrinal que la migración sea corresponsable, segura y con respeto a los derechos humanos.
''El foco rojo es el tema de la migración indocumentada y ahí están involucrados, ciertamente, lo mismo miembros de las diferentes corporaciones policiales del orden municipal, estatal y federal, pero también de manera significativa las propias bandas organizadas de polleros y de traficantes de armas y de drogas.
''La frontera sur es nuestro gran foco rojo, por eso estamos trabajando para hacerla segura y ordenada y que permita el acceso de todos aquellos que quieran venir como turistas, estudiantes, inversionistas. También que podamos contener a quienes pretenden usar nuestro territorio para llegar a Estados Unidos de manera ilegal y realizar actividades delictivas.
-¿Cuál es el eje del diálogo con Estados Unidos en torno a las medidas de seguridad en la frontera sur?
-Por supuesto que una frontera sur abierta tendría impactos en la norte, pero sobre todo, lo que nosotros protegemos es el territorio nacional. La agenda del diálogo está a cargo de la cancillería.
-¿Cuáles son las acciones en el corto plazo de las autoridades migratorias?
-Capacitación, mejoramiento de las estaciones; hay políticas verificables de un buen trato de quienes repatriamos hacia Centroamérica y hay avances, porque nos importa que el tratamiento a los indocumentados sea con dignidad, mismo trato que esperamos de Estados Unidos.