Temían ser ejecutados por un grupo armado
Se entregan asesinos de Amado Ramírez
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Genaro Vázquez Durán, presunto asesino del corresponsal de Televisa
Foto: SSP
Dos de los presuntos autores del asesinato de Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Noticieros Televisa, se entregaron ayer a agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) debido a que, aseguraron, eran perseguidos por un grupo armado que aparentemente pretendía matarlos.
Silvia Margarita López Silvas, agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) en Acapulco, identificó a los detenidos como Genaro Vázquez Durán, de 32 años de edad, y Leonel Bustos Muñoz. El primero habría sido quien disparó el arma que acabó con la vida del periodista, según dijeron tres testigos que los identificaron.
Fuentes de la PGR revelaron en la ciudad de México que los sospechosos se entregaron en un retén instalado en la costera Miguel Alemán, cerca de la zona de la Condesa, en Acapulco. Los presuntos homicidas habrían asegurado que por la presión que se había hecho en los medios de comunicación ya los estaban localizando sus propios contratantes para asesinarlos.
En el vehículo en que viajaban, un Golf rojo con placas TSL2986, del estado de Puebla, les encontraron una arma marca Colt, calibre 38 súper, cuyo cargador estaba abastecido con ocho cartuchos, por lo que fueron trasladados a la subdelegación de la PGR, donde fueron interrogados, sin que hasta el cierre de esta edición hubieran declarado el motivo del homicidio aunque sí reconocido su participación en el mismo.
A las oficinas de Acapulco de la PGR llegaron peritos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quienes llevan a cabo peritajes a los detenidos para confirmar su probable relación con el homicidio y corroborar si el arma que portaban es la misma con la que fue ultimado Amado Ramírez. En caso de corroborarse que los detenidos tienen vínculos con organizaciones criminales, la SIEDO podría atraer al fuero federal las investigaciones del asesinato de Amado Ramírez, además de imputar acusaciones por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. De lo contrario, el caso quedará circunscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado.
Horas antes, al menos 100 periodistas del estado efectuaron una manifestación en Acapulco para exigir la renuncia del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, del procurador general de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia; y del alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio.
En el malecón, frente al monumento al periodista Juan R. Escudero, el dirigente del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de Chilpancingo, Pedro Arzeta, planteó que se haga justicia por la muerte de Amado Ramírez, pero también que la demanda central debe ser la destitución Juan Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad Pública.
Torreblanca Galindo, en declaraciones a la prensa, ofreció todas las garantías y facilidades para el ejercicio libre y crítico del periodismo en Guerrero y rechazó que haya persecución y represión desde el gobierno hacia representantes de medios de comunicación por publicaciones contra su desempeño y sus acciones.
A cinco días del crimen del corresponsal de Televisa en Acapulco, el mandatario estatal se declaró abierto a cualquier crítica fundada y de buena fe de la prensa, pero advirtió que utilizará su derecho de réplica, "sin reprimir", cuando se difunda información tergiversada y sesgada sobre su labor.
En Chilpancingo, durante una manifestación en recuerdo del asesinato de Emiliano Zapata que efectuaron unas 500 personas, entre campesinos, colonos y estudiantes, Fernando Polanco, reportero del Diario Novedades, demandó a nombre del gremio el esclarecimiento del crimen del corresponsal de Televisa. En la misma capital del estado, el pleno del Congreso local acordó por unanimidad un punto de acuerdo en el que se condenó el asesinato de Ramírez Dillanes, y exhortó a la PGR a que atraiga el caso, así como la coadyuvancia de la Fiscalía Especial para los Delitos Cometidos contra Periodistas.
En la ciudad de México, el Senado condenó "enérgicamente " el asesinato de Ramírez Dillanes, rechazó el clima de violencia que enfrentan los comunicadores en todo el país y demandó al gobierno mexicano que garantice el pleno ejercicio del trabajo periodístico, por medio de medidas de prevención y combate de la impunidad.
Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, exigió eficacia y resultados al gobierno federal en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, ya que, recalcó, en los pasados seis años, han sufrido atentados 38 periodistas, lo que sitúa a esa profesión como una de las de mayor riesgo.
A nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Monreal denunció ante el pleno que las agresiones contra comunicadores han llegado a tal nivel que México se encuentra sólo por debajo de Colombia, Afganistán y Ruanda en materia de crímenes contra periodistas.
También en la capital del país, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, condenó ayer los asesinatos de periodistas y demandó al gobierno mexicano realizar de inmediato investigaciones imparciales y objetivas para dar con los responsables intelectuales y materiales de esos crímenes. Urgió a las autoridades a que se haga justicia y los homicidios no queden en la impunidad.