Agenda legislativa y seguridad nacional
Una vez aprobada la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, si bien es muy importante y habrá de significar la posibilidad de nuevas y profundas discusiones en el ambiente político nacional, este hecho no debe pasar por alto dos aspectos que también tienen y tendrán una amplia repercusión para la vida del país y de la ciudadanía en general.
El primero se refiere a la legislación y reglamentación de las actividades que las policías, principalmente, así como las fuerzas armadas, deben tener en cuanto a sus responsabilidades en materia de seguridad pública. El segundo tema es el destino que Petróleos Mexicanos (Pemex) asumirá para los siguientes años, no sólo para México, obvio, sino para este inicio de siglo que bien se le puede llamar como el de la "diplomacia del petróleo". Ambos asuntos, seguridad pública y petróleo, por la relevancia que tienen y la complejidad de su solución, demandarán una amplia coordinación parlamentaria y, por supuesto, desde las atribuciones del Poder Ejecutivo.
Una de las primeras medidas anunciadas por el presidente Calderón fue el establecimiento de un solo mando para la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI): ambas corporaciones quedarían bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública federal (aproximadamente 32 mil elementos). A la fecha no se han dado más pasos que los anunciados en ese momento y el contenido de la iniciativa presidencial en la materia deberá contener entre éste, temas como la homologación del Código Penal, la ampliación de las facultades del Ministerio Público y, desde luego, la participación de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. En este aspecto, el Poder Legislativo tiene un papel clave, que ante la agudización de la violencia ligada al crimen organizado, la necesidad de dar una respuesta contundente no puede limitarse al mero ámbito judicial, sino principalmente, a la creación de empleos bien remunerados, un sistema educativo bien estructurado y, en general, la creación de medidas que propicien una sociedad más justa e igualitaria. De lo contrario, más reclusos no significa que las cosas mejoren.
Ligado directamente al tema de los recursos de los que puede disponer el Estado mexicano, la reforma a Pemex debe ponderar que sin la participación presupuestal de la empresa petrolera, los programas sociales y muchos otros carecerían de fondos para ser aplicados, pero al mismo tiempo el agotamiento de los campos petroleros y de gas, sumado al grave deterioro financiero y administrativo, conduce al dilema de cómo reorganizar Pemex y bajo qué criterios habrá de plantearse su modernización. Aquí también, como en el punto anterior, el Poder Legislativo tendrá un peso determinante respecto de lo que se quiere y puede hacer con la empresa en favor del país y la sociedad. La diplomacia del petróleo pasa por actos como la reunión en Campo David en el fin de semana pasado entre los presidentes de Brasil y Estados Unidos. Allí, Luiz Inacio Da Silva confirmó que Petrobras no saldrá de Irán, donde realiza inversiones por 350 millones de dólares para exploración y refinación. Tampoco debe escapar al análisis la propuesta de Irán a Rusia, para crear una OPEP del gas, medida que Vladimir Putin vio con simpatía y cuyos trabajos han comenzado.
En ese contexto, los recursos de Pemex no pueden ser irresponsablemente gastados en sueldos, salarios, compensaciones y demás prestaciones que por sí mismas son efímeras y el impacto benéfico para el país es nulo. La capacidad e influencia del Poder Legislativo para corregir o ajustar las iniciativas presidenciales a él remitidas será una buena noticia si en los debates prevalecen tanto la visión de largo alcance, como los valores sociales y nacionales para auspiciar un mejor país. El demostrado fracaso de las políticas de libre mercado, así como de la apertura indiscriminada de las fronteras -sin la correspondencia debida de las otras naciones-, nos señalan con claridad el camino a seguir. Y éste no es otro que el de la atención a la soberanía del Estado y de su responsabilidad social.
Así las cosas, seguridad pública y Pemex se observan como temas ligados y que reclaman del Ejecutivo y de los legisladores pongan lo mejor de sí para alcanzar acuerdos que tengan una rápida aplicación y demuestren que es posible y que hay condiciones para aspirar a un México justo.