Destaca la deficiente supervisión que ejercieron Hacienda, la CNBV y el BdeM

Faltó transparencia en el rescate bancario, confirma la ASF

Se cayó en ambigüedad al imputar responsabilidades a servidores públicos e instituciones

No se establecieron procedimientos ni reglas, de manera que hubo ''discrecionalidad'' en decisiones

ISRAEL RODRIGUEZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que en el rescate bancario hubo discrecionalidad, falta de transparencia y ambigüedad en las responsabilidades imputables a los funcionarios públicos que participaron, y que representa actualmente para los contribuyentes mexicanos una deuda ligeramente superior a los 700 mil millones de pesos.

De acuerdo con la revisión que realizó el órgano fiscalizador del Congreso, se concluyó que, en lo general, el rescate bancario careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo cual acarreó como consecuencia discrecionalidad en la toma de decisiones, falta de transparencia en las operaciones y ambigüedad en las responsabilidades imputables a los servidores públicos y las instituciones que participaron en la conducción de los programas de saneamiento y capitalización.

De acuerdo a un reporte especial que se incluye en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2005, la ASF indicó que las debilidades normativas que de origen presentó el rescate bancario como resultado de la crisis financiera de 1994-1995, producto de una insuficiente e ineficaz regulación, y una deficiente supervisión de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, como responsables de la vigilancia del sistema financiero, se vieron reflejadas en las cláusulas de los contratos que celebró el ahora extinto Fobaproa con los bancos, las cuales el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) debió respetar y ejecutar en la suscripción del nuevo programa.

''Estas deficiencias de origen no permitieron realizar los procesos de enajenación de las carteras hipotecarias del nuevo programa de Banamex y BBVA Bancomer bajo sanas prácticas bancarias y, en consecuencia, en las mejores condiciones para el Estado''.

La situación anterior se vio reflejada de manera específica en la venta de la cartera y en las condiciones establecidas en los Contratos de Administración y Cobranza, provocando que los procesos de enajenación presentaran diversas irregularidades.

Por ejemplo, la contratación de los agentes valuadores que determinaron el valor de referencia garantizado estuvo restringida, al no tener opciones de otros especialistas.

Además, el mismo agente que fungió como valuador realizó funciones también como colocador, y la contratación del agente colocador, por parte de los bancos, fue discrecional, afectando la transparencia del proceso de enajenación de la cartera hipotecaria del nuevo programa de Banamex y BBVA Bancomer.

La ASF constató que el proceso de enajenación se realizó con sujeción a los términos pactados en el ''contrato atípico'' del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), firmado entre el Fobaproa y Banamex y BBVA Bancomer, cuyos términos fueron retomados por el IPAB por mandato de ley, conforme al artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, para la celebración de los contratos del nuevo programa que sustituyó al PCCC.

Los términos pactados en los contratos de administración y cobranza consideraron que, para la enajenación de la cartera, se deberían aplicar las mismas políticas y procedimientos que observan los bancos en estas operaciones.

Sin embargo, éstos no contaban con ellas, lo que trajo como consecuencia una ''indefinición'' de las reglas de venta y de selección de los terceros especializados que apoyaron al banco para cumplir con el objetivo, lo que originó ''inconsistencias y discrecionalidad'' en la toma de decisiones, así como un posible conflicto de intereses en el caso de Banamex.