En febrero, el tribunal tenía 193 casos por resolver
Reactiva la Cámara de Casación argentina los juicios a represores
Buenos Aires, 29 de marzo. Después de mantener cautivos varios juicios contra responsables de violaciones a derechos humanos durante la pasada dictadura militar en Argentina (1976-1983), repentinamente se reactivó la Cámara de Casación, a la que se refirió el presidente Néstor Kirchner, el pasado 24 de marzo, cuando reclamó por la lentitud de la justicia en este tema clave en un país donde después de 31 años se busca justicia y verdad para 30 mil personas desaparecidas y otros delitos.
Una serie de cédulas y citaciones llegó a los estudios de los abogados que representan a las víctimas, también después de que se inició una demanda contra la Cámara de Casación, donde han quedado paralizado los grandes juicios que atañen a los mayores centros clandestinos de detención que funcionaron entonces.
Durante los últimos días hubo serios cruces entre algunos jueces, el gobierno y el presidente de esa cámara, Alfredo Bisordi, quien al responder al reclamo de Kirchner sostuvo el pasado 26 de marzo que "en los últimos 40 años, incluidos los gobiernos autoritarios, nunca vi una intromisión en la justicia como ésta", lo que provocó la protesta de organismos humanitarios contra el juez por su "defensa de la dictadura".
El pasado día 19, más de 60 sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura reclamaron la destitución de varios jueces de casación, entre ellos Bisordi.
Al investigar esta situación, el periódico Página 12 adelantó en febrero pasado que ese tribunal tenía unos 193 expedientes por resolver, lo cuál impide avanzar hacia los juicios orales. Los abogados de los familiares dijeron a los medios que la Cámara de Casación cambió sus propios criterios con la intención de "favorecer a los imputados" por crímenes de lesa humanidad.
Kirchner respondió a la derecha, que lo hostiga incluso desde algunos medios, que "es evidente" que un reclamo oficial en un tema tan sensible para la sociedad no puede ser nunca interpretado como "un avance del Ejecutivo sobre la justicia".
Algunos jueces de casación intentaron justificar su inactividad en las causas de derechos humanos atribuyendo a las víctimas, sobrevivientes y familiares las demoras y a la cantidad de juicios.
Pero la reactivación notable de las últimas horas demuestra que la paralización de los juicios podía ser premeditada, como denuncian los organismos humanitarios.
Hay otros casos que señalan a algunos jueces, como el de seis campesinos paraguayos detenidos aquí cuando buscaban asilo político y el juez Ariel Lijo resolvió su extradición a pesar de tener documentación suficiente para rechazarla.
Esto motivó al abogado paraguayo Martín Almada, defensor de derechos humanos y premio Nobel Alternativo 2002, a solicitar apoyo internacional y del gobierno de Argentina en favor de sus compatriotas.
Los seis campesinos y otros militantes del movimiento de izquierda Patria Libre de Paraguay fueron acusados sin pruebas del secuestro y asesinato, en 2004, de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas.
Un juez paraguayo los dejó libre en Asunción, pero como la persecución continuó, estos hombres llegaron a Argentina y gestionaban su refugio aquí, cuando fueron apresados con violencia por la policía.
Muchos organismos humanitarios se preguntan cuál es la "mano negra" detrás de este tema, precisamente un argumento que podría servir a Estados Unidos para su campaña de "guerra contra el terrorismo en Paraguay", donde George W, Bush quiere instalar tropas en la Triple Frontera, que une a ese país con Brasil y Argentina.