Detectar y decomisar sustancias ilegales y armas a estudiantes, el fin de la legislación
Aprueba el Congreso yucateco ley que otorga poder oficial a profesores para revisar mochilas
Mérida, Yuc., 28 de marzo. Con las ausencia de seis diputados, involucrados en las campañas electorales -con miras a las elecciones del 20 de mayo próximo-, 19 legisladores aprobaron la nueva Ley de Educación del estado, que consiste básicamente en otorgar "poder oficial" a profesores para revisar las mochilas de sus alumnos, con intención de detectar y decomisar sustancias ilegales, armas y pornografía.
Asimismo, el Congreso local decretó que las becas escolares, sujetas a discreción del gobierno estatal, sean obligatorias para alumnos de todos los sectores educativos.
Según la legisladora panista María Inés Loeza Rodríguez, presidenta de la Comisión de Educación, la nueva ley -que entrará en vigor el primer día de abril- pretende garantizar un "ambiente adecuado, libre de sustancias nocivas, para los estudiantes".
Rechazó que la "operación mochila" en secundaria, preparatoria y universidad sea una medida extrema que violente los derechos y la intimidad de los estudiantes, y sostuvo que es "un clamor social" la atención a los jóvenes, a quienes se les decomisaron con anterioridad armas blancas, drogas sintéticas, mariguana y pornografía.
Por su parte, diversas agrupaciones estudiantiles de los niveles medio, medio superior y superior protestaron por las medidas que los diputados locales aprobaron, y argumentaron que el nuevo ordenamiento viola la intimidad de los alumnos, al considerar que la legislación otorga a los profesores "poderes muy estrictos".
A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Jorge Victoria Maldonado, adelantó que el organismo estará pendiente de que no se violenten las garantías individuales de los estudiantes.
La nueva Ley de Educación del estado tiene además entre sus ordenamientos algunos "beneficios" como el pago adecuado a los profesores, incluyendo a los que laboran en planteles particulares; mantener el Centro de Evaluación Educativa -que depende de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), y dictamina la práctica profesional de los profesores-, así como la actualización de la carrera magisterial.